La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima un ciudadano con base en una orden de captura vencida. El demandante, en sede de reparación directa, fue capturado por miembros de la Policía, puesto que la orden de captura que una fiscalía especializada había proferido en su contra por el delito de homicidio agravado se encontraba vigente, a pesar de que la investigación había precluido cinco meses antes. Si bien el ente acusador informó, posteriormente, al comandante de la policía sobre la cancelación de la orden y ordenó su libertad inmediata, el actor sufrió de una detención injusta durante tres días. A partir de esa situación fáctica, la Sala advirtió que en este evento se configuró un defectuoso funcionamiento … Leer más
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