SC4156-2021: La orden de impulsar la ejecución, no es inmutable

La honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC4156-2021, recordó que la orden de impulsar la ejecución, no es inmutable a la actividad del juzgador de segunda instancia. Ello se dio en el trámite de un recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segundo grado del Tribunal Superior de Barranquilla, que revocó la del a quo y dispuso continuar la ejecución dentro de un proceso ejecutivo hipotecario contra el recurrente. Contra la sentencia recurrida, se adujo que la misma estaba viciada de nulidad por cuanto transgrede el principio de la reformatio in peius, y desborda la competencia funcional del Tribunal en cuanto a la materia objeto de impugnación. En este sentido, la Corte, una vez zanjada la controversia respecto del principio aludido en razón a que el mismo opera a favor del apelante único y el recurrente no ostentaba dicha calidad procesal, estudió la competencia del fallador de segunda instancia para examinar integralmente la estructura de los procesos ejecutivos sometidos a su consideración. Así las cosas, esa corporación estableció que no existió el desbordamiento funcional alegado contra la referida providencia, toda vez que: En el punto de los procesos ejecutivos, al juez de segunda instancia le compete analizar la regularidad estructural del proceso desde sus inicios, bajo la égida indiscutible que tiene para abordar integralmente ese estudio en cuanto conviene de manera particular con los presupuestos específicos del coercitivo, por contar con la autorización legal, art. 497 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 430 del Código General del Proceso, así tenga que separarse de las razones expuestas en la decisión apelada, aun cuando la decisión haya sido favorable a los intereses de cualquiera de las partes. Dicho criterio ha sido acogido de antaño por la Corte: “(…) La orden de impulsar la ejecución, objeto de las sentencias que se profieren en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario análisis de las condiciones que le den eficacia al título ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuación procesal; por lo tanto, no funda la falta de competencia la discrepancia que pueda surgir entre la liminar orden de pago y la sentencia, que, con posterioridad, decida no llevar adelante la ejecución, por reputar que en el título aportado para, la misma no militan las condiciones pedidas por el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil (…) De tal modo que, cuando como consecuencia del remedio vertical que hace la sociedad ejecutante se estudian los antecedentes fácticos y los fundamentos de derecho que dieron sustento al fallo del a quo respecto a la existencia del negocio causal, no se desborda o amplía el ámbito sujeto a consideración de la Corte, sino que se verifican las condiciones de validez que dieron vida al negocio jurídico primigenio. En consecuencia, esa corporación declaró infundado el recurso extraordinario. Descarga la providencia aquí SC4156-2021