El insigne Consejo de Estado, en sentencia 2006-00937-01, resolvió el siguiente cuestionamiento: ¿El Estado es responsable por los daños causados a quienes ejecutan la actividad de erradicación de cultivos ilícitos, en ejercicio de esa función?, en el trámite de un recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de un proceso de reparación directa que, accedió a las pretensiones de la demanda.

Como fundamento fáctico se adujó, que durante la ejecución del Programa Presidencial de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos en el parque Natural de la Serranía de la Macarena, una de las personas contratadas para desarrollar esa labor pisó una mina antipersonal sufriendo graves lesiones, por las cuales se solicitó el pago de los perjuicios causados a los demandantes y su núcleo familiar.