2006-01436-01: Se condena al estado por muerte de periodista, sobre el cual se incurrió en una omisión de protección.

El insigne Consejo de Estado, en sentencia 2006-01436-01, resolvió condenar al estado por muerte de periodista, sobre el cual se incurrió en una omisión de protección pese a las amenazas y atentados que había recibido en virtud del ejercicio de su profesión. Esa corporación conoció del recurso de apelación contra la sentencia de primer grado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del proceso de reparación directa, que accedió a las pretensiones de la demanda. Como fundamento fáctico se adujo, que el 11 de enero de 2005, aproximadamente a las 5:30 a.m., un periodista se desplazaba en su vehículo hacia la emisora en la que laboraba, cuando fue interceptado por dos hombres, que se movilizaban en una motocicleta. Estos sujetos le dispararon a dicho ciudadano en varias oportunidades, produciéndole graves heridas que, posteriormente, desencadenaron en su muerte. En este sentido, ese cuerpo colegiado orientó el problema jurídico de la litis, en establecer si el Estado debe responder por la muerte de un periodista ocasionada por actos violentos de terceros, al incurrir en una presunta omisión de protección a dicho ciudadano, pese a las constantes amenazas y atentados que había recibido debido a su profesión de periodista. Sobre el particular, el Consejo señalo: es importante señalar que las calidades personales de la víctima y el contexto en el cual sucedan los hechos, el conocimiento previo de las autoridades, y la determinación si la persona o un grupo poblacional se encuentra bajo riesgo o amenaza son factores determinantes en el juicio de imputación de responsabilidad. (…) En esa medida, es posible exigir un estándar de diligencia debida mayor al Estado cuando: i) se pone en conocimiento o se denuncia un riesgo contra la vida e integridad personal, ii) una persona se encuentra expuesta a un riesgo en razón a su oficio o profesión; iii) en contextos de grave alteración del orden público en donde haya notoriedad del inminente peligro que corre un ciudadano o funcionario; o iv) en situaciones de conflicto armado interno en las cuales la violación a los derechos humanos o infracciones al DIH han sido ocurrentes, sucesivas o sistemáticas y que tengan un patrón generalizado. (…) Por tanto, sólo cuando la entidad demandada conoció oportunamente de la posible ocurrencia de un acto violento proveniente de un tercero, tenía la competencia y la capacidad real de poner en obra medios, instrumentos, recursos y estrategias para anticiparse, evitar o mitigar los efectos lesivos de dicho acto, pero omitió ejercer oportunamente sus deberes jurídicos, y deberá ser declarado responsable si el acto violento tiene lugar y los daños se concretan. Pues bien, esta Sala encuentra acreditado que si bien no existía una solicitud de protección presentada por el señor , de manera posterior, a la fecha en que le fue retirado el servicio de acompañamiento policial (finales del año 2000), lo cierto es que no hay lugar a dudas de que el mencionado ciudadano era un periodista que se dedicaba a denunciar supuestos actos de corrupción al interior del departamento de Norte de Santander y, que, con ocasión de tales circunstancias, las intimidaciones nunca cesaron, (…) Así, pues, en este caso no hay lugar a dudas de que en el asunto sub examine el estándar de diligencia exigido a la entidad demandada era mayor, (…) no era el único periodista que recibía amenazas en la ciudad de Cúcuta (…) Por lo que, resultaba razonable afirmar que, las libertades fundamentales de expresión, opinión, información y prensa de dichos profesionales no contaban con las garantías suficientes para el ejercicio tranquilo y seguro del periodismo. Descarga la providencia aquí 2006-01436-01