2011-00051-01: Condenan a la Policía Nacional

El distinguido Consejo de Estado, en sentencia 2011-00051-01, resolvió condenar a la Policía Nacional por su omisión en la protección de una ciudadana que denunció amenazas de muerte y posteriormente fue asesinada. Como fundamento fáctico, se adujo que la mujer recibió amenazas de muerte dada la relación comercial que sostenía con una sociedad de carácter privado, por lo que solicitó la protección correspondiente a la demandada, quien no brindó el acompañamiento o la protección debida y posteriormente la solicitante fue asesinada. En ese sentido, esa corporación examinó la responsabilidad estatal bajo el título de imputación de la falla en la prestación del servicio, por la omisión en el deber de protección de la ciudadana cuando se conocía del riesgo real que corría la víctima. Sobre el particular, se sostuvo la siguiente tesis: “a omisión de las autoridades competentes, consistente en no brindar la protección necesaria para salvaguardar la vida e integridad de las personas, permite atribuirles el resultado dañoso.(…) uando la Administración tiene conocimiento acerca de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre determinada persona, el deber genérico de protección y seguridad se concreta y exige una conducta activa de su parte que, de omitirse, permite que se declare su responsabilidad por el daño derivado de la materialización del peligro. Lo anterior se evidencia en los eventos en los que se reclama del Estado la reparación de daños producidos por la actividad de terceros. En tales oportunidades ha precisado esta Corporación que, para que surja el deber de indemnización a cargo de la entidad accionada, se requiere que el hecho del tercero haya sido previsible y resistible para la Administración. (…) Para la Sala resulta posible concluir que el daño alegado en la demanda no le resultó imprevisible al Ministerio de Defensa-Policía Nacional, dado que conocía las circunstancias de las amenazas de las que estaba siendo víctima la señora (…) Si bien, el deber de protección es de medio y no de resultado, lo cierto es que las medidas que con ese fin se adopten deben -de manera seria y rigurosa- atender las circunstancias particulares de cada caso, pues se trata de peticiones que involucran la vida e integridad de los peticionarios. En casos como el presente, se debe considerar que la falla del servicio se deriva de la omisión en el deber de seguridad y protección a cargo del Estado, lo cual potencializó el riesgo de la víctima, pero de ninguna manera debe entenderse que el mismo fue causado por la administración, pues quien perpetró el homicidio fue un tercero ajeno a la entidad. Pero, si bien es cierto que el homicidio fue perpetrado por un tercero y, por lo tanto, este era el primer llamado a responder por el daño, es claro para la Sala que la muerte de la señora (…) le resulta también imputable a la Policía Nacional porque esa institución omitió el cumplimiento del deber que le asistía de brindarle protección, en los términos en los que la Constitución y la ley lo prevén, dado el conocimiento que esas autoridades tenían sobre el riesgo real que corría la víctima. También es claro que no se tiene certeza de que, de haberse adelantado medidas adecuadas para brindar protección a quien con fundadas razones la había pedido, se hubiera impedido necesariamente el daño; sin embargo, la responsabilidad por omisión del Estado no se construye sobre la certeza de la evitación del daño, dado que tratándose de una omisión, el fundamento de la atribución no es la causalidad, sino que se fundamenta en un juicio de valoración del desconocimiento del deber de actuar, que se relaciona -en términos valorativos y no causales- con la materialización del resultado.” En consecuencia, el Consejo de Estado, declaró la responsabilidad administrativa y pecuniaria de la Policía Nacional en la muerte de la mujer, por lo que en favor de los demandante, reconoció y ordenó el pago de los perjuicios causados. Descarga la providencia aquí 2011-00051-01