El distinguido Consejo de Estado, en sentencia 2011-00051-01, resolvió condenar a la Policía Nacional por su omisión en la protección de una ciudadana que denunció amenazas de muerte y posteriormente fue asesinada. Como fundamento fáctico, se adujo que la mujer recibió amenazas de muerte dada la relación comercial que sostenía con una sociedad de carácter privado, por lo que solicitó la protección correspondiente a la demandada, quien no brindó el acompañamiento o la protección debida y posteriormente la solicitante fue asesinada.

En ese sentido, esa corporación examinó la responsabilidad estatal bajo el título de imputación de la falla en la prestación del servicio, por la omisión en el deber de protección de la ciudadana cuando se conocía del riesgo real que corría la víctima. Sobre el particular, se sostuvo la siguiente tesis: