2014-00185-01: Casos procede el enriquecimiento sin causa

El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante providencia No. 2014-00185-01, reiteró los casos en que procede el enriquecimiento sin causa para obtener el pago de obras, bienes o servicios. Esa corporación conoció del recurso de apelación presentado en contra de la sentencia de primera instancia de un medio de control de reparación directa promovido con la finalidad de que se declarara la existencia de un contrato estatal con la demandada, y en consecuencia se reconociera el pago de perjuicios causados. El a quo mediante sentencia resolvió denegar las pretensiones de la demanda ya que a pesar de encontrarse demostrados los elementos del enriquecimiento, no se probó la urgencia o necesidad del servicio para imposibilitar de forma absoluta a las partes la suscripción de un contrato estatal, como tampoco la urgencia manifiesta. Contra esa decisión se formuló recurso de apelación que conoció el Tribunal. Como problema jurídico de segundo grado, esa corporación se propuso determinar si el a quo erró al desconocer que el accionado es responsable por los perjuicios irrogados al constreñirlo a prestar sus servicios sin que mediara vínculo contractual, para lo cual reiteró lo consignado por la jurisprudencia en tanto que, por regla general, la vía del enriquecimiento sin causa no procede para obtener el pago de obras, bienes o servicios que se haya ejecutado sin respaldo contractual. Y que de manera excepcional es viable ese pago únicamente en los siguientes casos: a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. b)En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. c)En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993. En ese marco de referencia la sala determinó, a partir del material probatorio allegado, que los hechos no encajaban dentro de las excepciones plasmadas por la jurisprudencia para la procedencia y prosperidad de la acción de enriquecimiento sin causa para el pago de bienes o servicios sin contrato estatal. Descarga la providencia aquí 2014-00185-01