2016-00448-01: Mecanismos defensa usuarios contratos servicios públicos

La sala cuarta de oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia 2016-00448-01, estableció los mecanismos de defensa de los usuarios en contratos de servicios públicos domiciliarios o de condiciones uniformes, de acuerdo con lo desarrollado por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Ley 142 de 1994. Ello se dio en el marco del recurso de apelación contra la sentencia de primer grado de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la sociedad Postobon S.A., con el objetivo de declarar la nulidad de una resolución que ordenó la reliquidación de una factura por un período de servicio. Así las cosas, esa corporación, al examinar los contratos de prestación de servicios públicos domiciliarios o de condiciones uniformes, rememoró el régimen de defensa de los usuarios en sede de la empresa consignado en el capítulo VII del citado Título VIII de la Ley 142 de 1994, así: i) Como una modalidad del derecho fundamental de petición (art. 23 constitucional) de conformidad con el artículo 152 “es de la esencia del contrato de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos”. ii) A su vez, el artículo 154 define al recurso como “un acto del suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato”, este mismo precepto indica que contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición ante ella y el de apelación que debe presentarse ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, e impone al usuario que la interposición del recurso se efectúe dentro de un término perentorio de cinco días, en la forma prevista en las condiciones uniformes del contrato, para efectos de su defensa individual. iii) También el artículo 156, al regular las causales y trámite de los recursos, puntualiza que pueden interponerse por violación de la ley o de las condiciones uniformes del contrato y que en éstas se indicará el trámite que debe darse a los recursos y los funcionarios que deben resolverlos. iv) Por otra parte, la Ley 142 establece igualmente un término perentorio de 15 días hábiles a la empresa para responder los recursos, quejas y peticiones, contados a partir de su presentación, e indica que si pasa ese lapso y la empresa no responde operará la figura del silencio administrativo positivo (art. 158). v) Por último el artículo 159 ibídem, pone de presente que la notificación sobre la decisión de un recurso o una petición se efectuará en la forma prevista en el Código Contencioso Administrativo, que el recurso de apelación ante la Superintendencia sólo se puede interponer como subsidiario del recurso de reposición ante la Empresa y que una vez presentado se le dará el trámite establecido en el citado Código. Ahora, en virtud de los anteriores mecanismos que inician el proceso administrativo, esa entidad judicial consignó el marco legal de la potestad de ejercer la autotutela al permitírsele definir -como lo hacen las autoridades administrativas- unilateralmente, mediante actos administrativos, controversias sobre el contrato de condiciones uniformes, frente a los cuales, advirtió el juez constitucional, la Superintendencia ejerce un control de legalidad. Sobre el particular concluyó que: (…) que la prestación de los servicios públicos domiciliarios no constituye una faceta de la función administrativa, no lo es menos que, excepcionalmente, por autorización de la ley, los operadores asumen prerrogativas propias del poder público, dentro de esos eventos singulares en que la Ley 142 de 1994, dotó de una serie de derechos y prerrogativas de autoridad pública a las empresas de servicios públicos domiciliarios, dentro de las cuales ocupa especial relevancia la potestad de autotutela propia de las autoridades administrativas, al revestirlas de la facultad de decidir ciertas controversias que se susciten con ocasión de la prestación del servicio o la ejecución del contrato y de resolver, así mismo, los recursos que contra dichas decisiones interpongan los usuarios. Descarga la providencia aquí 2016-00448-01