2016-00520: Cuándo se concreta la creación de un riesgo

La sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante providencia No. 2016-00520, examinó cuándo se concreta la creación de un riesgo no permitido y cuándo no, según la teoría de la imputación objetiva. Esa corporación conoció del recurso de apelación presentado en contra de la sentencia de primer grado de un proceso penal, que lo condenó en calidad de autor responsable del delito de lesiones personales culposas causadas aparte de un accidente de tránsito. Superadas las etapas procesales correspondientes, él a quo mediante sentencia encontró acreditada la responsabilidad del procesado en la comisión del delito en mención, dada su falta al deber objetivo de cuidado y la violación a las normas de tránsito, razón por la cual lo condenó a la pena en 24 meses de prisión. Contra esa providencia, el defensor del sindicado formuló recurso de apelación en el que adujo indebida valoración probatoria en relación con el informe de accidente de tránsito, el testimonio del agente de tránsito, y la confesión de la víctima en tanto se movilizaba a una velocidad superior a la permitida. Por lo anterior, esa corporación reiteró lo consignado por la Corte Suprema en cuanto a la infracción del deber objetivo de cuidado desde la teoría de la imputación objetiva, y a fin de establecer cuándo se concreta la creación de un riesgo no permitido y cuándo no, la teoría de la imputación objetiva integra varios criterios limitantes o correctivos, así: 2.3.1. No provoca un riesgo jurídicamente desaprobado quien incurre en una “conducta socialmente normal y generalmente no peligrosa”, que por lo tanto no está prohibida por el ordenamiento jurídico, a pesar de que con la misma haya ocasionado de manera causal un resultado típico o incluso haya sido determinante para su realización. 2.3.2. Tampoco se concreta el riesgo no permitido cuando, en el marco de una cooperación con división del trabajo, en el ejercicio de cualquier actividad especializada o profesión, el sujeto agente observa los deberes que le eran exigibles y es otra persona perteneciente al grupo la que no respeta las normas o las reglas del arte (lex artis) pertinentes. Lo anterior, en virtud del llamado principio de confianza, según el cual “el hombre normal espera que los demás actúen de acuerdo con los mandatos legales, dentro de su competencia” 2.3.3. Igualmente, falta la creación del riesgo desaprobado cuando alguien sólo ha participado con respecto a la conducta de otro en una “acción a propio riesgo” o una “autopuesta en peligro dolosa” 2.3.4. En cambio, “por regla absolutamente general se habrá de reconocer como creación de un peligro suficiente la infracción de normas jurídicas que persiguen la evitación del resultado producido” 2.3.5. Así mismo, se crea un riesgo jurídicamente desaprobado cuando concurre el fenómeno de la elevación del riesgo, que se presenta “cuando una persona con su comportamiento supera el arrisco admitido o tolerado jurídica y socialmente, así como cuando, tras sobrepasar el límite de lo aceptado o permitido, intensifica el peligro de causación de daño”. En consecuencia, y una vez valorado el material probatorio allegado al proceso, el Tribunal resolvió confirmar la sentencia impugnada en tanto a la declaración de responsabilidad penal del proceso. Descarga la providencia aquí 2016-00520