2016-00615-01: Sanción a comisaria por no proferir medida

El honorable Consejo de Estado mediante providencia No. 2016-00615-01, conoció del proceso disciplinario que impuso sanción a comisaria por no emitir medida de protección en favor de mujer asesinada por su esposo 2 días después. En sede de segunda instancia, esa corporación estudió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por una comisaría de familia en contra del acto administrativo que finiquitó el proceso disciplinario adelantado en su contra, y que dispuso imponer sanción con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de diez (10) meses. Como fundamento fáctico se adujó que, ante la comisaria, acudió una mujer que solicitó medida de protección en su favor y contra de su esposo por hechos de violencia intrafamiliar, por lo que se adelantó audiencia de medida de protección en la que luego de escuchar a las partes, la comisaria solo conminó al compañero a abstener de continuar agrediendo a la mujer, la cual dos días después de esa diligencia, fue asesinada por su esposo. Judicializado y condenado el feminicida, el juez ordenó la compulsa de copias en contra de la comisaria, proceso disciplinario que se adelantó y que impuso sanción a la auxiliar administrativa. Formulado el medio de control, la comisaria solicitó a la jurisdicción declarar nulos los actos que la sancionaban, no obstante, el juzgador de primer grado mediante sentencia resolvió negar las pretensiones de la demanda. Inconforme, instauró recurso de apelación ante el Consejo de Estado. Ante ese escenario, esa corporación determinó que el fallo impugnado se encontraba ajustado a derecho, toda vez que la demandante, como comisaria de familia y representante de la institucionalidad, estaba llamada a defender los derechos consagrados constitucionalmente y sancionar su vulneración; y dada su omisión en brindar una respuesta eficaz frente a la situación de maltrato físico y psicológico que padecía la demandante, que ya estaba desbordado, en unas pocas horas (menos de 37) la peticionaria fue asesinada por múltiples heridas ocasionadas por su cónyuge agresor, quien la apuñaló sin piedad. Sobre el particular, adujo: (...) como los servidores públicos son responsables por acción, omisión o extralimitación en sus funciones, para la Sala no existe duda de que la actora omitió «dar aplicación a las medidas definitivas de protección establecidas en el artículo 5º. de la Ley 294 de 1996, tendientes a impedir la posibilidad de nuevas agresiones a la víctima de violencia intrafamiliar», pues, se insiste, la misma solicitante puso en antecedentes a la demandante y con la entrevista, si se hubiese interesado en proteger a la víctima y si en la correspondiente entrevista se hubiese interesado en proteger a la víctima y no en dar credibilidad a la versión del mitómano agresor de la hoy occisa, hubiese cumplido su función de manera adecuada. No se puede vaticinar que se le salvara la vida a la señora (...), pero sí que el Estado hubiese brindado una atención oportuna, pertinente y eficaz ante su situación de vulnerabilidad. Para la Sala lo que la señora (...) padeció, además del maltrato propinado por su cónyuge agresor, fue la denominada «violencia institucional» por parte del Estado, a través de la comisaria de familia, al otorgar una escasa o nula respuesta ante el pedimento de protección como mujer con el fin de obtener una vida libre de violencia. En consecuencia, el Consejo de Estado resolvió confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto a negar las pretensiones de la demanda. Descarga la providencia aquí 2016-00615-01