2021-00120-01: Derecho a la personería jurídica de personas trans.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en sentencia 2021-00120-01, desarrolló el derecho a la personería jurídica de personas trans. Ello se dio en el marco de una acción de tutela promovida por un ciudadano a quien la Registraduría Nacional del Estado Civil negó su solicitud de modificación del ítem sexo en su cédula de ciudadanía, pese a que producto de una acción judicial anterior, un juez constitucional le ordenara la modificación de su registro civil de nacimiento en el sentido de precisar que el accionante es una persona trans. El Juzgado Tercero Penal del Circuito para Adolescentes, con Funciones de Conocimiento de Medellín, conoció en primera instancia de la acción de tutela y mediante sentencia tuteló los derechos fundamentales alegados y ordenó a la accionada a incorporar la letra T (trans) en el componente sexo de la cédula de ciudadanía del accionante. Dicha decisión fue susceptible del recurso de apelación. Así las cosas, el Tribunal de conocimiento efectuó un estudio del estado civil como atributo de la personalidad, y determinó la importancia que tal aspecto reviste para efectos de establecer la identidad de una persona ante las autoridades públicas y la sociedad en general. En relación a la cédula de ciudadanía, esa corporación sostuvo: (...) la cédula de ciudadanía representa en nuestra organización jurídica, un instrumento de vastos alcances en el orden social, en la medida en la que se considera idónea para identificar cabalmente a las personas, acreditar la ciudadanía y viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos. En este sentido, el Tribunal argumentó en lo que al sexo se refiere, que anteriormente este era comprendido como un atributo vinculado exclusivamente a las características biológicas de una persona al momento de su nacimiento y, por lo tanto, un dato inmodificable. No obstante: (…) la visibilización de las personas intersexuales y las personas transgénero, así como una mayor definición de los derechos a la libre orientación sexual y la libre identidad de género, han transformado esta concepción. Con estos nuevos elementos, en la actualidad, diversos actores e instrumentos dentro del derecho internacional de los derechos humanos y las legislaciones de otros países han avanzado hacia una comprensión nueva sobre la identidad de género como un derecho fundamental. Muchos de ellos, han admitido la importancia de reconocer el sexo como parte de una construcción identitaria que surge como consecuencia de una decisión libre y autónoma del individuo no sujeta entonces a la genitalidad. El objeto del debate circunscrito a la identidad sexual de la persona refiere directamente a lo que ella considera en su fuero interior y a lo que pretende exteriorizar hacia sus semejantes. Entonces, cobra vital importancia la salvaguarda de sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación y la dignidad humana, por cuanto el Estado no puede interponer barrera alguna para que el individuo decida su desarrollo vital, su modo de ser y su condición sexual. Por lo tanto, se concluyó que la accionada Registraduría echó por la borda los principios de la integridad, la congruencia y la indivisibilidad que irradian al ordenamiento jurídico, desconociéndole al accionante los derechos fundamentales relativos a su identidad, por lo que confirmó la sentencia impugnada. Descarga la providencia aquí 2021-00120-01