2022-00129-01: Para incremento y exoneración cuotas alimenta

La ilustre Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de radicado No. 2022-00129-01, reiteró que para el incremento, disminución y exoneración de cuotas alimentarias no se requiere conciliación prejudicial. Esa corporación conoció la impugnación contra el fallo de primera instancia de una acción de tutela formulada con la finalidad de que se ampararan los derechos fundamentales al mínimo vital y acceso a la administración de justicia del accionante, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada al no dar curso a la exoneración de alimentos solicitada, por no cumplir con el requisito de procedibilidad para ello. El juzgador de primera instancia, mediante sentencia, sostuvo que la negativa del juez ordinario para admitir la demanda de exoneración de cuota alimentaria incurrió en exceso ritual manifiesto, por lo que amparó los derechos fundamentales invocados. Contra dicha decisión, el funcionario judicial accionado formuló impugnación. Ante ese escenario, esa corporación formuló como problema jurídico determinar si al rechazar de manera sistemática las demandas de exoneración de cuota alimentaria que formuló el accionante al interior del proceso de fijación, por no agotar el requisito de la conciliación prejudicial, vulnera los derechos fundamentales de aquel. Al respecto, la Corte señaló: Recientemente, al desatar tutela de similares características a la que es objeto del actual análisis, bajo tales parámetros precisó que «cuando la cuota de alimentos ya se encuentra determinada por la autoridad judicial competente, los asuntos atinentes al aumento, reducción o exoneración de dicha obligación, corresponde conocerlos y dirimirlos el mismo juez que la fijó, precisando que para ello no se requiere agotar conciliación prejudicial ni las demás exigencias formales de una nueva demanda, sino que solo es menester la petición elevada por la parte interesada», y advirtió que «o anterior en momento alguno impide que la contraparte haga uso del derecho de defensa y contradicción, pues de acuerdo al precepto 397 del estatuto adjetivo general, el asunto se tramita y decide «en audiencia previa citación a la parte contraria»;tampoco implica que la decisión se adopte sin un adecuado sustento probatorio, porque además de la oportunidad para que las partes aporten y soliciten los pertinentes medios de convicción, la normativa en comento establece que «el juez, aún de oficio, decretará las pruebas necesarias para establecer la capacidad económica del demandado y las necesidades del demandante» En conclusión, esa corporación determinó que el accionado vulneró las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administración de justicia del demandante, al incurrir en defectos procedimental y desconocimiento del precedente jurisprudencial; por tanto, se ratifican las decisiones y órdenes impartidas a efecto de remediar los yerros. Descarga la providencia aquí 2022-00129-01