2022-00198: UARIV es quien debe probar la falta de veracidad

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante providencia No. 2022-00198, precisó que la UARIV es quien debe probar la falta de veracidad de las pruebas aportadas para el registro de víctimas. Esa corporación conoció la impugnación del fallo de primer grado de una acción de tutela promovida con la finalidad de que se ampararan los derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud y a la vida de la accionante. Como fundamento fáctico se adujó que la parte actora solicitó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, su inclusión en el Registro único de Víctimas, solicitud que fue despachada desfavorablemente por esa entidad al considerar que no era posible establecer la conexidad del homicidio del familiar de la accionante con el conflicto armado interno. Agotados los recursos de vía gubernativa, se formuló acción de tutela. Así las cosas, el juez constitucional mediante sentencia de primer grado resolvió conceder el amparo solicitado, dado que la accionada omitió considerar los supuestos fácticos y jurídicos del hecho victimizante, especialmente, los datos arrojados por la investigación que se adelantaba en relación con el fallecimiento del familiar de la víctima. Providencia que fue apelada ante el Tribunal. En efecto, el Tribunal, luego de determinar la procedencia de la acción de tutela, desarrolló el debido proceso administrativo en temas de reparación a víctimas del conflicto armado, reiterando que para la inclusión en el registro basta con que las pruebas sean sumarias, sin que exista tarifa legal para la demostración de condición de víctima, de manera que la carga de prueba en dichos casos se invierte, y en caso de duda, de conformidad con los principios constitucionales, se debía proceder con la inclusión en dicho instrumento: En aplicación de los principios de buena fe y el principio pro personae, en caso de duda, deberán tenerse por ciertas las afirmaciones de las víctimas del conflicto armado. Así mismo, según lo preceptuado por el artículo 5 de la Ley 1448 de 2011, se presume la buena fe de las víctimas, sin perjuicio de la carga de aportar pruebas sumarias del daño, mediante cualquier medio legalmente aceptado. En este último evento, opera la inversión de la carga de la prueba pues será la UARIV quien deberá probar la falta de veracidad de las pruebas aportadas por los peticionarios. En atención a estos principios, para el presente caso, la UARIV debió dar por cierta la información que presenta la accionante, a menos que, en efecto, lograse evidenciar la falta de un nexo causal entre el hecho victimizante y el conflicto armado. Ello, por cuanto, como lo reconoce la misma entidad demandada, la carga probatoria está a su cargo y en ese sentido resulta desproporcionado exigirle a la demandante que sea ella quien aporte todos los elementos probatorios que soporten su solicitud de inclusión. Con fundamento en dichos argumentos, esa corporación resolvió confirmar la sentencia impugnada en el sentido de amparar los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual solicitó a la demandada en el término de 15 días resolver de fondo, con la suficiente motivación y bajo los principios de buena fe y favorabilidad, la solicitud de la parte actora. Descarga la providencia aquí 2022-00198