Según la normatividad colombiana, la acción de tutela se puede interponer ante cualquier juez del lugar donde ocurra la violación o amenaza del derecho fundamental, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre. También pueden ejercer la acción de tutela el Defensor del Pueblo y los Personeros municipales, en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión.

Para que proceda la acción de tutela, se deben cumplir los siguientes requisitos:

• Se trate de un derecho fundamental.
• Que el derecho haya sido vulnerado o amenazado por una acción u omisión.
• No exista otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional de Colombia es el órgano encargado de revisar las sentencias proferidas por los jueces en primera y segunda instancia sobre las acciones de tutela. La Corte ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre el alcance, contenido y límites de la acción de tutela, así como sobre los criterios para resolver los casos concretos. La Corte también ha establecido reglas para el reparto de las acciones de tutela entre los diferentes despachos judiciales, con el fin de garantizar una distribución equitativa y eficiente de la carga procesal.