Procedencia acción de tutela contra el sistema financiero

La Corte Constitucional en sentencia T382-2023 se refirió a la Procedencia excepcional de la acción de tutela contra entidades del sistema financiero y compañías aseguradoras, en controversias relacionadas con contratos de seguros. Al respecto dijo: La Corte ha señalado que, en principio, la acción de tutela no es procedente para hacer efectiva la cobertura de los seguros de vida grupo deudores, pues: (i) se trata de un asunto de naturaleza económica. (ii) es una controversia contractual que cuenta con otros medios judiciales de solución. Específicamente, ha indicado que estos casos deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria civil mediante (i) los procesos verbal y verbal sumario (de acuerdo con la cuantía) en los términos del Código General del Proceso, (ii) el proceso ejecutivo en los casos descritos en el artículo 1053 del Código de Comercio, o (iii) la acción de protección al consumidor financiero que la Superintendencia Financiera tramita mediante el proceso verbal sumario, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le atribuye el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011. Lo anterior, considerando que estos asuntos involucran aspectos probatorios y valorativos de carácter contractual que desbordan el ámbito de la tutela. No obstante, también ha sostenido que, de manera excepcional, la acción de tutela es procedente si, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto: (i) los medios ordinarios de defensa no son eficaces ni idóneos para proteger los derechos del accionante. (ii) se está ante a la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Lo primero, cuando la negativa a reconocer un siniestro como consecuencia de la ejecución de las obligaciones que emanan del contrato de seguro, trascienda la órbita eminentemente económica y tenga un efecto directo y específico en la vida digna, el mínimo vital o en otro derecho fundamental. Algunos aspectos que el juez de tutela debe valorar al momento de verificar la procedencia de la acción de tutela en este tipo de asuntos fueron señalados en la Sentencia T-027 de 2022, con base en la Sentencia T-662 de 2013, que sintetizó que (i) “existe mayor probabilidad de vulnerar los derechos fundamentales cuando el interés del accionante no sea exclusivamente patrimonial”, como ocurre en el caso de los créditos hipotecarios obtenidos con el fin de adquirir una vivienda que, en muchos casos, no solo beneficia al deudor, sino también a su familia; (ii) “si la persona que solicita el amparo se encuentra en una condición de discapacidad superior al 50%, existe un mayor riesgo de vulnerar sus derechos fundamentales”. No obstante, esto último no siempre es suficiente para justificar la intervención del juez de tutela; por lo tanto, (iii) se debe verificar que quien solicita el amparo “carezca de los recursos económicos suficientes para sufragar sus gastos”. Finalmente, (iv) “el juez debe verificar otros aspectos, como las obligaciones familiares, o del grupo familiar del afectado, o la presencia de circunstancias adicionales de vulnerabilidad en el peticionario”, pues “olo las circunstancias del caso concreto determinarán los aspectos relevantes a ser tenidos en cuenta por el juez, siempre con el propósito de evaluar si las cargas procesales son o no excesivas para el peticionario”. Para descargar la providencia dar clic aquí T-382-23 sistema financiero