La acción pública de inconstitucionalidad es un mecanismo que permite solicitar que se retiren normas (leyes, decretos con fuerza de ley) que se considera que contradicen o violan la Constitución Política de Colombia. La Corte Constitucional de Colombia es la encargada de conocer la acción pública de inconstitucionalidad y tiene la tarea de proteger la supremacía e integridad de la Carta Política. Para que una demanda de inconstitucionalidad sea admitida, se deben cumplir ciertos requisitos de admisibilidad, como la claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. Desde su creación, la acción pública de inconstitucionalidad ha sido considerada como una manifestación de los derechos políticos, un mecanismo de control directo de las leyes y una forma de democracia participativa. PÁGINA EN CONSTRUCCIÓN Relacionado
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