ACTOS DE INSTRUCCIÓN EN EL CGP

Actos de Instrucción Actos de impulsión procesal. Son actos procesales que tienen la finalidad de darle movimiento al proceso, para agotar las etapas tendientes a la consecución de una sentencia, ésta carga está en manos de la parte actora Actos de Alegación. Estos están contenidos en los hechos, fundamentos de derecho y pretensiones de la demanda, así como en la contestación en las excepciones de mérito, los recursos, y por supuesto los alegatos. Estos actos se reflejan al momento de practicar la audiencia de instrucción y juzgamiento, pues una vez se practiquen todas la pruebas, se escucharán los alegatos de conclusión al demandante, al demandado y demás partes, hasta por el término de 20 minutos. Si hay solicitud por alguna de las partes, el Juez puede autorizar por más tiempo, garantizando la igualdad, decisión contra la que no procede recurso alguno. (art. 373 CGP). Actos Decisorios. El Juez dentro de sus deberes consagrados por la ley, es el encargado de dirigir el proceso, por lo que a través de las providencias autos y sentencias resuelve cada caso en concreto, efectuándose estos actos. De esta manera, las sentencias se proferirán de forma oral, sin embargo, si no es posible dictar la respectiva sentencia, de esa manera, el juez anunciará el sentido de la decisión, con una breve exposición de su fundamento, y proferirá el fallo por escrito dentro de los 10 días siguientes. Si la sentencia se profiere en forma oral, la apelación se deberá interponer inmediatamente después de anunciada la decisión, y si es de forma escrita se deberá hacer dentro de los 3 días siguientes a su notificación por estado, tal y como lo estipula el artículo 322 del CGP. Actos Probatorios. Definidos como actos que se efectúan para la solicitud, decreto y práctica de los medios probatorios, con el fin de llegar al convencimiento del Juez, para que profiera el respectivo fallo. El régimen probatorio es de plena importancia para la aplicación y desenvolvimiento del derecho sustancial, pues por medio de la prueba se lleva al convencimiento o certeza sobre los hechos que dieron origen a la controversia judicial, para que así el juez falle en derecho. Además, son ‘‘(…) herramientas necesarias para que el Estado pueda cumplir sus fines establecidos en la Constitución (…)’’ (Ferrer, 2015, p.144). Pues cabe resaltar que las garantías constitucionales son los pilares fundamentales para el derecho procesal pues tienden a proteger la seguridad jurídica de las partes, reflejando un principio básico, como lo es el del debido proceso. Por tal razón la importancia del análisis probatorio y de la existencia de la prueba dentro del expediente. Tirado (2006) afirma: Lo que no esté probado en el mundo del proceso no puede existir realmente para el mundo de la inteligencia del juez, porque es la única forma de garantizar el debido proceso y específicamente el derecho de defensa de los asociados envueltos en un asunto de carácter judicial (p.5). Vale la pena resaltar la importancia de la carga de la prueba, establecida en el CGP, al destacar que el juez de oficio o a petición de parte, puede distribuir dicha carga, requiriendo a la parte que se acerque a la situación más favorable, para probar determinado hecho, de esta manera presentar evidencias, y clarificar lo debatido, esta facultad es conferida, ya sea por tener a su alcance el objeto de la prueba, por gozar de calidades técnicas especiales, por haber actuado en las circunstancias que dieron lugar a la controversia judicial, o porque simplemente la contraparte no se encuentra en la capacidad de aportarlas. En cuanto a la carga dinámica de la prueba, referida como la congruencia de las partes y el juez, para que de una manera activa, soliciten, aporten y decreten las pruebas necesarias para el convencimiento del juez. (Giraldo, Escudero, Camacho, Duarte y González, 2015). Juramento Estimatorio. El artículo 206 del CGP, lo valora como prueba, pues hace referencia a quien busque el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, podrá solicitar su reconocimiento, estimándolo razonadamente bajo juramento. Este podrá ser objetado por la contraparte en la oportunidad procesal pertinente. Una vez se presente la objeción se otorga el término de 5 días a quien hizo la estimación, para que adjunte o solicite pruebas. El juez deberá analizar la objeción, y las pruebas allegadas, y si la suma estimada excede el 50% de la que se declare probada, se condenará a la parte que realizó el juramento estimatorio, quien deberá pagar a la entidad respectiva, una porción correspondiente al 10% de la diferencia entre el monto estimado y el probado. Así mismo, se aplicará una multa equivalente al 5% de lo pretendido en la demanda, si se niegan las pretensiones por falta de justificación de los perjuicios. Esto de conformidad con lo modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014. De otra parte, dicho juramento no se reconocerá cuando se solicite sobre daños extrapatrimoniales, tampoco se le atribuirá su reconocimiento a los incapaces. Testimonio. Se podrá solicitar el testimonio dentro de una actuación judicial, y que la misma se recepcione como declaración anticipada. El nuevo Código permite que se practique la prueba por cualquier medio de comunicación adecuado y expedito; si la persona a citar está imposibilitada para comparecer a la sede del Juzgado, se le recibirá su testimonio en donde se encuentre. De conformidad con el artículo 211, el testimonio puede ser tachado de falso por cualquiera de las partes, pues la calidad del testigo puede afectar que su declaración sea imparcial o ecuánime. Interrogatorio de Parte. Esta prueba se agota con las declaraciones de las partes, ya sea del demandante, del demandado, o de sus apoderados, siempre y cuando se les haya otorgado esa facultad. Cuando la parte a interrogar no asiste a la audiencia, deberá justificar su inasistencia dentro del término de 3 días siguientes a la fecha de la audiencia, pero solo se le tendrá en cuenta siempre y cuando esté fundada en situación de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando el interrogado no comparece, tiene renuencia a responder y sus respuestas son evasivas, se presumirán como ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión, respecto de las preguntas asertivas contenidas en el interrogatorio allegado, en la demanda, en las excepciones de mérito o en sus contestaciones, esto constituye confesión presunta, (art. 205 C.G.P.) Prueba Pericial. Está señalado en el artículo 226 del C.G.P., y procede siempre y cuando se requiera constatar hechos dentro de la respectiva actuación, que necesiten conocimientos específicos, ya sean científicos, técnicos o artísticos. Ahora la parte que requiera hacer uso de la prueba pericial, podrá presentar el respectivo informe en la oportunidad procesal correspondiente, pero si el término estipulado es escaso, deberá indicarlo en la solicitud, y aportarlo dentro del plazo que el juez otorgue, el cual no podrá ser menos de 10 días. Se generó con la ley 1395 de 2010, una mejora relevante al facultar a las partes la oportunidad de presentar el dictamen desde cuando se presenta la demanda o su contestación, para que eventualmente el perito sea llamado a comparecer a audiencia para que sustente el dictamen rendido (Peláez, 2016). Para controvertir el dictamen, la contraparte puede solicitar que el perito comparezca a la audiencia, aportar otro informe pericial, o realizar las dos actuaciones, las que se deberán realizar dentro del término de traslado del escrito o dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la providencia que lo pone en conocimiento. El juez, si lo considera indispensable, citará al perito a la audiencia en la que será interrogado bajo juramento por él, y por las partes, si el perito no asiste a la audiencia, el informe no tendrá valor (art. 228 C.G.P.) Sobre este asunto Peláez (2016) ha manifestado ‘‘(…) se cambia de manera radical las reglas que rigen la producción de la prueba pericial, puesto que lo que se evidencia es que la misma se va a agotar por vía del interrogatorio cruzado del perito (…)’’ (p.220). Ahora, una novedad significativa consagrada en el nuevo código, y a comparación de la anterior disposición, es que se eliminó el trámite de la objeción por error grave, hoy solo se podrá solicitar aclaración, complementación o practicar uno nuevo, mediante petición motivada, e indicando los errores que se consideran estén contenidos en el primer dictamen. Inspección Judicial. Procede para revisar y aclarar circunstancias propias del litigio, para examinar personas, lugares, cosas o documentos, y ésta solo se ordenará cuando sea inviable verificar los hechos por medio de videos, fotos, u otros documentos o por cualquier otro método probatorio. Al respecto Devis (2012) afirma: (…) la inspección o el reconocimiento judicial verifica el hecho examinado mediante su percepción directa por el juez, de manera que llega al conocimiento de este sin que utilice la representación histórica que otra persona le haga de tal hecho y sin que medie ninguna declaración de ciencia, por lo cual no se trata de una prueba histórica (…) (p.469). Sobre esta categoría probatoria, Devis (2012), ha señalado que: En ocasiones, el medio de prueba le suministra al juez una imagen del hecho por probar, es decir, tiene una función representativa de tal hecho y es, por tanto, un hecho representativo de otro hecho real acaecido o de una experiencia; la prueba fija históricamente ese hecho, lo describe tal como ocurrió y fue percibido por quien lo comunica al juez, por lo cual se le denomina histórica. (p. 504). De otra parte y con el fin de dar agilidad y celeridad al trámite del proceso, lo ideal sería, que con las pruebas allegadas a través de los medios tecnológicos, se logre el convencimiento del juez, para declarar el derecho, sin embargo en determinados procesos, la ley es clara al conservar la obligatoriedad de su práctica personal, tales como en el de Pertenencia (art. 375 CGP); Servidumbres (art. 376 CGP); Lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales (art. 393 CGP); Deslinde y amojonamiento (art. 403 CGP). Actos de Impugnación Son los medios que tienen a su disposición las partes, para atacar las providencias judiciales, para que se rectifique mediante revocación o modificación las decisiones dictadas por el operador judicial, estos atacan la eficacia de los mandatos emitidos. Una novedad implementada con el Nuevo Código en este aspecto es la obligación del Juez de tramitar la impugnación, así la parte recurrente alegue la providencia mediante un recurso improcedente, siempre y cuando el recurso se interponga en tiempo. Del recurso de reposición presentado por escrito se deberá correr traslado por el término de 3 días, de conformidad con lo estipulado en el artículo 110 CGP. Cabe indicar que de los autos enlistados como susceptibles de recurso, se incluyeron los autos que nieguen el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva, los que fijen el monto de una caución para decretar una medida cautelar, impedirla o levantarla, el que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano. (Art. 321 CGP).