Actualidad Juridica

La Inasistencia alimentaria es un delito que se comete cuando una persona se sustrae sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus parientes, como sus hijos, padres, hermanos, cónyuge o compañero permanente, entre otros. Este delito está tipificado en el artículo 233 del Código Penal. Los requisitos para que se configure este delito son los siguientes: Que exista una obligación legal de prestar alimentos, que puede derivarse de una relación de parentesco, matrimonio o unión marital de hecho, o de una sentencia judicial o acta de conciliación que fije la cuota alimentaria. Que el obligado se sustraiga al cumplimiento de dicha obligación sin justa causa, es decir, sin que exista una razón válida que le impida pagar los alimentos o que le exima de hacerlo. Que el incumplimiento cause un perjuicio al acreedor alimentario, que puede … Leer más

Los delitos culposos son aquellos hechos punibles que se cometen sin la intención de causar un daño, pero por la imprudencia o negligencia del agente se termina comete el hecho punible. Según el código penal colombiano, la modalidad culposa se aplica a los delitos que lo permitan según su configuración estructural, y la pena correspondiente se reduce. La corte suprema de justicia de Colombia ha establecido que para la imputación jurídica del resultado en los delitos culposos debe considerarse el fin de protección de la norma, es decir, el bien jurídico tutelado que se pretende salvaguardar con la prohibición de la conducta. Así mismo, ha señalado que la culpa debe ser probada y no presumida, y que debe haber una relación de causalidad entre la acción u omisión del agente y el resultado producido. Los requisitos para que exista un … Leer más

La extinción de dominio es una figura jurídica que permite al Estado decomisar los bienes que han sido adquiridos o utilizados de forma ilícita, sin importar quién sea su propietario o poseedor. Se trata de una acción autónoma e independiente de la responsabilidad penal o civil de las personas involucradas en el delito. Según la normatividad penal colombiana, la extinción de dominio procede cuando se demuestra que los bienes tienen origen o destinación ilícita, es decir, que provienen o se destinan a actividades como el narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando, el secuestro, la extorsión, el enriquecimiento ilícito, la financiación del terrorismo, entre otras. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dicho que la extinción de dominio es una medida necesaria para combatir la criminalidad y recuperar los recursos que han sido desviados por actividades ilícitas. Sin embargo, … Leer más

Los delitos en blanco son aquellos en los que el supuesto de hecho se encuentra desarrollado total o parcialmente por una norma de carácter extrapenal. Esto significa que para determinar la conducta punible se debe acudir a otra norma que no sea la penal, como puede ser una ley, un decreto o una resolución. Estos delitos se caracterizan por tener una remisión precisa, expresa y necesaria a otra norma que complementa el tipo penal. En el ordenamiento jurídico colombiano existen varios ejemplos de delitos en blanco, como el contrabando, la usurpación de derechos de propiedad industrial, el ejercicio ilícito de la medicina, la violación de medidas sanitarias, entre otros. Estos delitos requieren que el juez penal examine la norma a la que remite el tipo penal y verifique su ocurrencia en el caso concreto. La Corte Suprema de Justicia de … Leer más

La dosificación punitiva es el proceso mediante el cual el juez determina la pena que debe imponer al condenado por un delito. Según la normatividad penal colombiana, la dosificación punitiva se realiza en tres etapas: la individualización judicial, la individualización legal y la individualización ejecutiva. La individualización judicial consiste en fijar la pena dentro de los límites establecidos por la ley para cada delito, teniendo en cuenta los criterios de proporcionalidad y razonabilidad. El juez debe valorar las circunstancias de mayor o menor punibilidad que concurran en el caso, así como las condiciones personales y sociales del autor o partícipe. La individualización legal consiste en aplicar las normas que permiten aumentar o disminuir la pena fijada en la etapa anterior, según las agravantes o atenuantes genéricas o específicas que se presenten. También se incluyen en esta etapa las causales de … Leer más

El dolo es un concepto jurídico que se refiere a la voluntad y el conocimiento de realizar una conducta que constituye una infracción penal. Según el artículo 22 del Código Penal Colombiano, la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dicho respecto al tema del dolo que es un elemento subjetivo del tipo penal que debe ser probado con certeza y no con meras conjeturas o indicios. También ha señalado que el dolo eventual implica una actitud de indiferencia frente al resultado típico, mientras que la culpa consciente supone una confianza en evitarlo. Asimismo, ha … Leer más

La honorable Corte Suprema de Justicia mediante providencia No. SL4344-2022, reiteró que el cónyuge supérstite separado de hecho tiene derecho a pensión si acredita convivencia de 5 años en cualquier tiempo. Esa corporación conoció del recurso extraordinario de revisión promovido con la finalidad de que se ordenara la revocatoria de la sentencia de segundo grado de un proceso ordinario laboral que reconoció el derecho pensional de la accionante en calidad de cónyuge supérstite; en consecuencia, solicitó devolver debidamente indexadas las sumas de dinero recibidas por dicho concepto. Adujo que, mediante sentencia de primer grado, se resolvió negar las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada y que al conocer el tribunal revocó parcialmente para reconocer el derecho pensional de la cónyuge supérstite. Conforme a lo anterior, la entidad accionante en revisión solicita la revocatoria de la providencia del ad … Leer más

Fraude Procesal El artículo 453 del Código Penal establece sobre el Fraude procesal lo siguiente: “El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”. Frente a la configuración dogmática de la conducta ilícita de fraude procesal, la Corte Suprema de Justicia ha sido consistente en resaltar como elementos del tipo (CSJ SP7755–2014): (i) El uso de un medio fraudulento. (ii) inducción en error a servidor público a través de ese instrumento. (iii) propósito de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley (ingrediente subjetivo … Leer más