Estatuto del Consumidor en Relaciones entre Profesionales.

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC2954-2024, se pronunció sobre los criterios para determinar la aplicabilidad del Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, particularmente en transacciones realizadas entre personas jurídicas o naturales que actúan en el marco de su actividad económica. Señaló la Corte: El artículo 78 de la Constitución Política ordena la protección de consumidores y usuarios, y en desarrollo de este mandato, la Ley 1480 de 2011 regula las relaciones de consumo, buscando corregir la asimetría informativa y el desequilibrio negocial que suele existir entre productores/proveedores y consumidores (Párr. 3.1). La aplicación de este régimen especial depende de la existencia de una "relación de consumo", lo cual exige determinar si una de las partes califica como "consumidor o usuario". El numeral 3 del artículo 5 de la Ley 1480 define al consumidor como: «Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario» (Párr. 3.3). La Corte enfatizó que, según esta definición legal, el elemento determinante es que la adquisición o utilización del bien o servicio se realice para satisfacer una necesidad ajena a la actividad económica profesional del adquirente. Es decir, una persona jurídica o natural que adquiere un producto o servicio, aunque sea su destinatario final, no será considerado "consumidor" si dicha adquisición “est ligada intrínsecamente a su actividad económica” (Párr. 3.3). La finalidad tuitiva del Estatuto del Consumidor justifica una interpretación restrictiva del concepto de consumidor. Los principios y reglas especiales de esta ley (como la responsabilidad objetiva por producto defectuoso, la inversión de la carga de la prueba en ciertos casos, o las reglas sobre información y publicidad) no son extrapolables a las relaciones comerciales o civiles entre profesionales o empresarios que actúan dentro de su giro ordinario, donde se presume un mayor equilibrio contractual y conocimiento técnico (Párr. 3.3). Aplicando estos criterios, la Corte determinó que una sociedad comercial cuyo objeto incluye la producción y comercialización de productos agropecuarios, que adquiere un insumo (fertilizante/fungicida) para aplicarlo en cultivos de terceros con quienes tiene contratos de suministro y prestación de servicios de sanidad vegetal, no actúa como consumidor. Dicha adquisición está intrínsecamente ligada a su actividad económica principal y el producto se incorpora a una cadena productiva profesional, excluyéndola del ámbito de protección de la Ley 1480 de 2011 (Párr. 4.1). En conclusión, la relación entre profesionales o empresarios, donde los bienes o servicios se adquieren para integrarse o facilitar la actividad económica del adquirente, se rige por las normas civiles y comerciales generales, no por el Estatuto del Consumidor. Descarga la providencia aqui SC2954-2024