Aproximación Responsabilidad civil por publicaciones en Redes Sociales

Aproximación a la Responsabilidad civil por publicaciones en Redes Sociales Por: Dairo Mateus Estrada CEO GMH Abogados El auge del Internet y las redes sociales han cambiado de manera radical la interacción social, estando presente en todo tipo de relación (personal, familiar, sentimental, religiosa, política, comercial, justicia, de educación etc.) esto conlleva a llevar la responsabilidad civil a un plano virtual, y esto tiene sustento constitucional en el artículo 95, numeral 1 de nuestra carta magna: La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;(negrita fuera de texto) Lo preceptuado en el artículo en mención es una responsabilidad general que recoge la máxima «quien abusa de su derecho a otros perjudica», ya que si bien todos tenemos derecho a la información y a la libre expresión, cuando abusamos de este derecho y publicamos información que atente contra la intimidad, honra y buen nombre de un individuo, debe reparar el daño que cause, esto se complementa con lo consagrado en el artículo 2341 del Código Civil: Artículo 2341. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Las publicaciones y comentarios en Redes Sociales pueden implicar una responsabilidad Penal o Civil según el caso, en el ámbito civil puede generar una responsabilidad civil extracontractual que parte de los hechos surgidos de las relaciones de vida o de interacción de las personas en sociedad, con repercusiones inmotivadas en los derechos constitucionales o intereses protegidos por el ordenamiento jurídico. Es de anotar que no todo contenido a prima facie se considera violatorio del buen nombre y la honra, de ser así, atentaría contra la libertad de expresar ideas y pensamientos, es por eso que se debe dar el debate probatorio para establecer la veracidad o no de la publicación, y la consecuencia responsabilidad del autor de la publicación, esto teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha acudido a la prueba de la verdad como eximente de responsabilidad (exceptio veritatis), precisando, primero, que no se trata de una figura exclusiva del proceso penal y, segundo, que ante la supuesta transgresión de los derechos a la honra o al buen nombre, la prueba de la veracidad de las afirmaciones constituye un medio idóneo para liberar de responsabilidad a quien ha emitido la información, siempre que se demuestre la diligencia suficiente para constatar las fuentes consultadas T-695 de 2017. Es importante aclarar que en los eventos en los que la publicación inexacta sea publicada en medios masivos de comunicación, por personas con amplia difusión en Internet (influencers) o personas que por su nombre tengan un alto impacto de difusión en las redes sociales ( políticos, periodistas, personas con una cantidad considerable de seguidores etc) se puede acudir a la tutela en razón a la afectación a los derechos a la honra y al buen nombre que se puede causar con las publicaciones de información, la acción de tutela resulta o, al menos, puede resultar, en razón de su celeridad, en el mecanismo idóneo para contener su posible afectación actual y, en principio, irreparable (T-145 de 2016.) la corte en sentencia SU 420-19 estableció los requisito para la procedencia de la tutela en estos eventos. La tutela y el proceso civil de responsabilidad no deben ser excluyentes entre si, pues los fines son distintos, en sede de tutela se pretende hacer cesar el agravio de los derechos alegados, y en el proceso civil se supone la existencia de un daño consumado y se pretende una indemnización por los mismos, por lo que para ello se aplica el régimen subjetivo de responsabilidad con culpa probada. Para el éxito de la pretensión resarcitoria se requiere la aducción y prueba de los siguientes elementos (SC 5238/19): (i) l a publicación, divulgación o circulación del material sensible, difamatorio o inexacto; (ii) que concierna o verse sobre el demandante; y (iii) que haya destino o acceso a una tercera persona. Además, se exige, con la misma finalidad, la demostración de (iv) la responsabilidad con culpa probada, esto es, la falta de diligencia o cuidado para tomar las medidas de protección previas o posteriores a la difusión de contenidos gravosos a la honra o el honor del afectado; y (v) los perjuicios efectivamente causados. Es decir, deben probarse los elementos axiológicos de la responsabilidad (hecho dañoso, conducta imputable a título de dolo o culpa, y una imputación causal - Tamayo 1986). El hecho de que una tutela obligue a retirar el contenido y a pedir disculpas al demandado, no debería excluir la responsabilidad civil por una simple razón, demos un ejemplo, una publicación en redes sociales es realizada por una persona X que tiene 100.000 seguidores, la publicación se volvió a virar teniendo un alcance orgánico de un millón de personas, 30.000 me gusta y compartido más de diez mil veces, el hecho de retirar esa publicación y pedir disculpas, no devolverá el statu quo, por la sencilla razón que esas disculpas no va a llegar a las mismas personas que llego la publicación inicial, porque en Internet las publicaciones amarillistas y sensacionalistas tienen una difusión por lo general viral aumentando el perjuicio ante la impotencia de la víctima (ciberbullying), lo que no ocurre con una publicación de disculpa. Por lo anterior, una publicación en Redes Sociales ofensiva, calumniosa, injuriosa, o salpicada de crítica que afecten el honor o la reputación de una persona, conlleva por lo menos la indemnización por concepto de perjuicio extrapatrimonial, (sin perjuicios de las indemnización por concepto de perjuicio patrimonial que pueda probar dentro del proceso), ya que es probable que esas publicaciones vulneren los derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre y la honra, esto teniendo en cuenta que actualmente la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia reconoce como daño autónomo la violación de derechos fundamentales(SC 10297-2014): el perjuicio extrapatrimonial no se reduce al tradicional menoscabo moral, pues dentro del conjunto de bienes e intereses jurídicos no patrimoniales que pueden resultar afectados mediante una conducta dolosa o culposa se encuentran comprendidos aquéllos distintos a la aflicción, el dolor, el sufrimiento o la tristeza que padece la víctima. ostentan naturaleza no patrimonial: “…la vida de relación, la integridad sicosomática, los bienes de la personalidad –verbi gratia, integridad física o mental, libertad, nombre, dignidad, intimidad, honor, imagen, reputación, fama, etc.–, o a la esfera sentimental y afectiva…” (Sentencia de casación de 18 de septiembre de 2009) [Se subraya) En la actualidad esta responsabilidad civil apenas se está expandiendo, quedan aún muchas dudas por resolver, por ejemplo, si la persona que comparte el contenido tiene alguna responsabilidad, en la india ya se abrió ese interrogante una Alta Corte de Nueva Delhi, en fallo de 25 de septiembre de 2017 (Chadha v. State) advirtió sobre la importancia de definir si “compartir” un contenido (retweet/repost) equivale a una nueva publicación y conlleva así a un nuevo origen de responsabilidad. Para tal fin indicó que esto debe ser definido según las circunstancias del caso y que esto se debe discutir únicamente en sede judicial. La Corte Constitucional ha referido que los intermediarios de Internet no son responsables por el contenido que publican sus usuarios, ya que establecer esta responsabilidad llevaría a limitar la difusión de ideas y les daría el poder para regular el flujo de información en la red, en consecuencia, la responsabilidad es de quien directamente usa las expresiones ofensivas o calumniadoras. El intermediario debe ser beneficiario de una suerte de inmunidad que es lo que garantiza el ejercicio de derechos fundamentales por parte de los usuarios de sus servicios, siempre que se cumpla con unas condiciones, tal como se precisó en las sentencias T-040 de 2013 y T-277 de 2015.