Responsabilidad del Estado por falta de mantenimiento vías

Un fallo reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado explica que, para derivar la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por las deficiencias u omisiones en la señalización de vías públicas, así como la falta de mantenimiento o conservación de estas, es indispensable demostrar, además del daño, la falla en el servicio. Esta falla debe consistir en el desconocimiento de los deberes de la Administración en la obligación de implementar las señales preventivas, vigilar la realización de las obras públicas, controlar el tránsito en calles y carreteras y prevenir los riesgos que con ellos se generan. No obstante, explica la alta corporación que no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad por daños derivados de accidentes de tránsito tiene que ser resuelto de la misma forma, pues en cada caso concreto el juez puede válidamente considerar que existen razones fácticas y jurídicas que justifican la aplicación diferenciada de cualquier título de imputación. Así, se debe contrastar el contenido obligacional que en abstracto las normas pertinentes fijen para el órgano administrativo demandado y, de otra parte, el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad en el caso concreto. Esto ya que, para demostrar el daño antijurídico, se debe constatar la conducta inadecuada de la entidad. Imputación< Sostiene la Sección que debe plantearse un juicio de imputación en el que, demostrado el daño antijurídico, se analice la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. Al efecto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada sin fijar un solo título de imputación en el que deba delimitarse la eventual responsabilidad estatal, sino que es procedente examinar si en primera medida la falla en el servicio sustentada en la violación de deberes normativos se configura. En caso de que no proceda tal motivación, se evalúa el título de daño especial, sustentado en la argumentación de cómo se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas. De lo contrario, se estima el riesgo excepcional. Concluye la corporación judicial que el modelo de la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen de daños en particular, sino que dejó en cabeza del juez determinar, en cada caso concreto, los cimientos fácticos y jurídicos a efectos de sustentar la decisión a tomar (C. P. Jaime Orlando Santofimio). Descargar la providencia aquí 66001-23-31-000-2006-00300-01(35796)_2 Resumen de la sentencia Demanda de reparación directa: Unos ciudadanos demandaron al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) por la muerte de un familiar, ocurrida el 16 de marzo de 2004, en un accidente de tránsito causado por un hueco en la vía Pereira-Dosquebradas. Contestación de la demanda: El INVÍAS se opuso a la demanda, alegando que la acción estaba caducada, que la víctima tuvo culpa exclusiva y que no hubo relación de causalidad. Además, llamó en garantía a QBE Central de Seguros, con quien tenía una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda: El Tribunal declaró administrativamente responsable al INVÍAS, pero redujo en un 50% la indemnización por considerar que hubo concurrencia de culpas, pues la víctima transitaba por el lado izquierdo de la vía. También condenó al INVÍAS a reembolsar a QBE Central de Seguros el valor total de la condena. Recursos de apelación: Las partes demandante, demandada y el llamado en garantía interpusieron recursos de apelación contra la sentencia del Tribunal, reiterando sus argumentos y solicitando su revocatoria o modificación. Apelación de la sentencia: Todas las partes recurrieron la sentencia del Tribunal que declaró la responsabilidad del INVÍAS y redujo la indemnización por concurrencia de culpas. Solicitaron su revocatoria o modificación. Valoración de la prueba trasladada: La Sala valoró los documentos que se trasladaron del proceso penal, pues se cumplieron los requisitos del artículo 185 del C.P.C. y se respetó el derecho de contradicción y publicidad de la prueba. Valor probatorio de las copias simples: La Sala valoró las copias simples aportadas al proceso, conforme al precedente jurisprudencial, siempre que hayan sido sometidas a los principios de contradicción y defensa de las partes. Valor probatorio de las fotografías: La Sala valoró las fotografías aportadas con la demanda como medios auxiliares, sujetas a la libre crítica del juez y a su cotejo con los demás medios probatorios, para establecer las circunstancias del accidente. Problema jurídico: La Sala planteó el problema jurídico de determinar si el INVÍAS es o no responsable de los daños causados por la muerte de Jhon Faber Suárez Granada, por un hueco en la vía Pereira-Dosquebradas. Responsabilidad del INVÍAS: La Sala declara responsable al INVÍAS por falla del servicio, al no mantener ni señalizar adecuadamente la vía. Sin embargo, reduce la indemnización en un 50% por concurrencia de culpas, pues la víctima iba por el lado izquierdo de la vía. Perjuicios morales: La Sala confirma la liquidación de perjuicios morales para la compañera permanente, la hija, la madre y las hermanas de la víctima, según los niveles de cercanía afectiva establecidos por la jurisprudencia. Niega el reconocimiento del daño moral para la sucesión, pues no se probó que el fallecido sufriera dolor o aflicción. Perjuicios materiales: La Sala modifica la liquidación de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, pues no se demostró que la víctima tuviera una relación laboral que justificara el aumento del 25% por prestaciones sociales. Aplica la presunción de salario mínimo y actualiza las sumas reconocidas para la compañera permanente y la hija de la víctima. Responsabilidad de QBE Central de Seguros: La Sala condena a QBE Central de Seguros a reembolsar al INVÍAS el valor total de la condena, en los términos del contrato de responsabilidad civil extracontractual suscrito entre las partes. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual: La Sala explicó los presupuestos para configurar la responsabilidad extracontractual del Estado, basados en el artículo 90 de la Constitución: el daño antijurídico y la imputación al Estado.