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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 106 meses de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Barranquilla a una funcionaria de la DIAN por el delito de concusión (art. 404, Ley 599/2000), revocando una absolución del Juzgado Tercero Penal de Barranquilla emitida en 2014. El caso se originó en una visita fiscal a una agencia aduanera en Barranquilla, ordenada por el auto comisorio 2181 de la DIAN en 2011, y culminó con una impugnación especial resuelta en 2025. El 28 de junio de 2011, una funcionaria de la DIAN inspeccionó la empresa, seguida el 29 por la condenada, quien revisó documentos con actitud hostil, señalando irregularidades. El 1 de julio, propuso a la representante legal resolverlas con $10 millones, acordando $8 millones tras negociación. Ese día, la acompañó al Banco de Occidente, donde … Leer más

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 85 meses de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Medellín a un hombre por aborto sin consentimiento (art. 123, Ley 599/2000), revocando una absolución de primera instancia. El caso involucró a una mujer de 27 años que, tras un encuentro sexual el 31 de diciembre de 2017, descubrió su embarazo el 2 de febrero de 2018 vía examen Beta-HCG y lo comunicó al acusado. Este, opuesto a la gestación, le dio una bebida con misoprostol el 3 de febrero en una clínica, causando un aborto entre el 4 y 5 de febrero, con legrado posterior. El Juzgado 9° Penal de Medellín absolvió al procesado en 2022, admitiendo que le suministró la sustancia, pero alegando duda razonable: el embarazo, a 33 días, mostraba signos de inviabilidad (sangrado … Leer más

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y concedió la tutela interpuesta por Álvaro Uribe Vélez, amparando sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. La acción surgió por la negativa de la Jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá a tramitar una recusación planteada por la defensa en un juicio penal contra Uribe por presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal (radicado 11001600010220200027600). El 10 de febrero de 2025, en la segunda sesión del juicio oral iniciado el 6 de febrero, la defensa recusó a la jueza alegando parcialidad (art. 56, numeral 4, Ley 906/2004), argumentando que desde la audiencia de acusación de mayo de 2024 había mostrado prejuzgamiento. La jueza rechazó la solicitud de plano, invocando … Leer más

La Corte Suprema de Justicia examinó cómo la solicitud de medidas cautelares exime a los demandantes de cumplir con la conciliación prejudicial y el envío de la demanda según la normativa procesal: “La conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad es un instrumento de eficiencia y economía judicial destinado a impedir él arriba a los juzgados de aquellos asuntos que pueden resolverse vía autocompositiva. Esta institución, soportada principalmente en la eficiencia judicial, encuentra relación con las medidas cautelares, herramienta de la tutela judicial efectiva, cuando, conforme con el parágrafo 1° de los artículos 590 del CGP y 67 de la Ley 2220 de 2020, el legislador establece que «en todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad». Es … Leer más

La Corte Suprema de Justicia analizó la aplicación de su precedente respecto a la no exigencia de acuse de recibo para acreditar la recepción de comunicaciones electrónicas en procesos judiciales: De este modo, la falta de diligencia alguna para esclarecer lo dicho por la recurrente, afectó sus privilegios ya que era trascendente para establecer la viabilidad o no de la sanción adoptada, máxime cuando esta Sala tiene establecido sobre el punto, que: ‘Ahora, sobre la forma de acreditar el acuse de recibo -que no es otra cosa que la constatación de que la misiva llegó a su destino- amerita reiterar que el legislador no impuso tarifa demostrativa alguna, de suerte que, como se dijo, existe libertad probatoria, bien sea en el trámite de nulidad o por fuera de él. En ese sentido, tal circunstancia puede verificarse -entre otros medios de … Leer más

La Corte Constitucional abordó la distinción entre la reparación judicial y administrativa dentro del modelo concurrente de indemnización para víctimas del conflicto armado: “El caso bajo estudio ha puesto de manifiesto el altísimo nivel de incertidumbre que existe para las víctimas que, al igual que la accionante, a pesar de tener un derecho a la reparación reconocido judicialmente, no pueden acceder a información clara, cierta, completa y oportuna sobre la última fase del proceso (…) En el XI Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se advirtió que la UARIV en 2022, 2023 y 2024 ha incluido bajo el reporte de las indemnizaciones realizadas por vía administrativa, las indemnizaciones judiciales. Es decir, aquellas que corresponden a los pagos parciales realizados por concurrencia subsidiaria del Estado (…) De otro lado, a … Leer más

La Corte Constitucional examinó los requisitos especiales para la convalidación de títulos de Derecho y su vinculación con el acceso a la educación superior: “Los títulos de idoneidad son definidos como ‘el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución de Educación Superior’ (…) En virtud de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que (i) la exigencia de un título no debe crear condiciones discriminatorias que privilegien a una profesión sobre otras con las mismas competencias para desempeñar una determinada actividad; y (ii) el proceso de convalidación del título debe estar definido por la ley, de forma que se determine cómo se acredita la capacidad de una persona con título extranjero para el ejercicio de su profesión en el país (…) En … Leer más

La Corte Constitucional analizó el alcance del régimen de conflicto de interés aplicable a los diputados frente al de los congresistas en el contexto de una pérdida de investidura: “La propia Sección Primera ha sostenido en oportunidades anteriores que las disposiciones de la Ley 2003 de 2019 no son aplicables a los procesos de pérdida de investidura de los miembros de las asambleas departamentales y de los concejos municipales (…) ‘[E]sta Sección en sentencias de 18 de marzo de 2021, de 27 de enero de 2022, de 9 de junio de 2022 y de 10 de octubre de 2022, ha señalado que las disposiciones de la Ley 2003 de 2019, en materia del régimen del conflicto de intereses de los congresistas, no resultan aplicables para los miembros de las corporaciones públicas del orden territorial, en tanto que las disposiciones contenidas … Leer más