C284-2021: Corte Constitucional admite como medio de defensa en el proceso divisorio la prescripción adquisitiva de dominio.

La honorable Corte Constitucional, en sentencia C284-2021, admitió como medio de defensa en el proceso divisorio, la prescripción adquisitiva de dominio. En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, un ciudadano presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 406 y 409 de la Ley 1564 de 2012. En el cargo segundo, el demandante adujo que el artículo 409 del CGP, al ordenar que el juez decrete la división del bien cuando el demandado no alegue el pacto de indivisión, viola el artículo 29 superior por cuanto excluye la prescripción adquisitiva de dominio como una excepción de fondo. El actor explicó por qué el medio de defensa en el que se sustenta el cargo tiene relevancia sustancial para la discusión de la acción divisoria y, por lo tanto, constituye un medio de defensa que debe ser admitido en el proceso. En este sentido, la Corte sostuvo: El objeto del proceso divisorio está delimitado por la división de la cosa común, razón por la que los presupuestos para su desarrollo exigen la concurrencia de dos circunstancias. De un lado, una pluralidad de personas y, de otro, la titularidad del dominio común sobre el objeto. En efecto, como se explicó ampliamente en esta providencia, la pretensión concreta de este trámite se circunscribe a terminar la comunidad, ya sea mediante la división material del bien o su venta para repartirse el producto entre los condueños. Por su parte, la norma acusada precisa, en relación con el traslado y las excepciones en el marco del proceso en mención, que: “i el demandado no alega pacto de indivisión en la contestación de la demanda, el juez decretará, por medio de auto, la división o la venta solicitada, según corresponda; en caso contrario, convocará a audiencia y en ella decidirá.”. Esta disposición, de carácter especial, delimita el medio de defensa sustancial que puede ser planteado por el demandado en el proceso divisorio, pues se trata de una norma especial (lo que excluye la aplicación de las normas generales sobre medios de defensa), que le ordena al juez decretar la división si no se plantea la excepción que identificó. En consecuencia, si el objeto del proceso es terminar la comunidad a través de la división del bien común el efecto que prevé la norma para los casos en los que no se alegue pacto de indivisión -decretar la división- genera una exclusión en relación con otros medios de defensa sustanciales. De manera que, en el marco de la regulación descrita el Legislador no contempló otro medio de defensa que enervara la pretensión divisoria. En este contexto y precisado el alcance del artículo 409 parcial del CGP, la Sala acudirá a la metodología del test de proporcionalidad para determinar si la exclusión de la prescripción adquisitiva/extintiva de dominio como excepción de fondo afecta las garantías de contradicción y defensa previstas en el artículo 29 superior. El control de constitucionalidad en este asunto parte del reconocimiento al amplio margen de configuración del Legislador en el diseño de los procedimientos, el cual, prima facie, genera que el examen se adelante según las exigencias del test débil de proporcionalidad como herramienta metodológica de ponderación de los principios constitucionales en tensión. No obstante, concurre un criterio que intensifica el rigor del escrutinio y que determina que en el juicio se verifiquen las exigencias del test intermedio. La norma acusada, según los planteamientos del cargo, elimina una defensa relevante para el proceso divisorio, que afecta el derecho de defensa de quien consolidó el dominio por usucapión y, en consecuencia, también desconoce el derecho a la propiedad y los fines constitucionales asociados a la protección constitucional de la posesión. Esta circunstancia tiene incidencia el rigor del examen, por cuanto el artículo 29 superior, y en particular, los derechos de contradicción y defensa, constituyen garantías fundamentales que aseguran que el acceso a la justicia no sea formal o nominal, sino que las personas cuenten con posibilidades reales de exigir y obtener la protección de sus derechos e intereses en los mecanismos administrativos y judiciales. Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la afectación de los derechos fundamentales, como en este caso el debido proceso, particularmente de las garantías de contradicción y defensa, aumentan el rigor del escrutinio. En el presente asunto se advierte una tensión entre dos principios constitucionales: de una parte, el derecho al debido proceso, particularmente las garantías de contradicción y defensa cuya transgresión plantea el cargo examinado. De otra, la celeridad y eficacia de los trámites judiciales, en aras de la reducción de la congestión judicial. En tal sentido, la Sala debe determinar si la medida, que consiste en restringir las excepciones de mérito, procedentes en el proceso divisorio, al pacto de indivisión genera una afectación excesiva de la garantía prevista en el artículo 29 superior o si, por el contrario, constituye un ejercicio razonable de la actividad legislativa, dirigido a materializar los principios de celeridad y eficacia en el trámite judicial. En concreto, bajo las exigencias del test intermedio de proporcionalidad, la Sala evaluará que: (i) el fin de la medida sea constitucionalmente importante, (ii) el medio sea efectivamente conducente para alcanzar el fin buscado con la norma objeto de control constitucional; (iii) y en el examen de la proporcionalidad en sentido estricto, que la medida no sea evidentemente desproporcionada. Descarga la providencia aquí C284-2021