La Superintendencia concluyó que la mascota es un “producto” a la luz del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011 y, por tanto, goza de garantía legal mínima de un año. Al fallecer por parvovirus dentro de ese lapso, el proveedor quedó obligado solidariamente a responder por calidad e idoneidad.

Además, aplicó el artículo 97 del CGP: el silencio del comerciante frente a la demanda y la reclamación administrativa hizo presumir ciertos los hechos alegados por el consumidor, entre ellos la compra, el valor pagado y la causa de la muerte. La Delegatura concluyó que la devolución del dinero —actualizado con IPC— era la medida idónea para restablecer el equilibrio contractual.