La cadena de custodia es el conjunto de procedimientos que garantizan la autenticidad, integridad y conservación de los elementos materiales probatorios y evidencia física que se recolectan en el marco de una investigación penal. Según el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal colombiano, la cadena de custodia se aplica registrando la identidad, el estado original, las condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío, los lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado sobre los elementos. Asimismo, se debe identificar a todas las personas que hayan estado en contacto con ellos. La cadena de custodia se inicia en el lugar donde se descubren, recaudan o encuentran los elementos y finaliza por orden de autoridad competente.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha señalado que la cadena de custodia es un requisito indispensable para la validez de las pruebas obtenidas en una investigación penal, pues permite verificar su autenticidad e integridad y evitar su contaminación o alteración. La Corte ha establecido que la violación de la cadena de custodia puede generar la nulidad de la prueba o su exclusión del proceso, dependiendo de la gravedad y trascendencia del defecto. La Corte ha indicado también que la cadena de custodia debe ser flexible y proporcional al caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que rodean la recolección y el manejo de los elementos probatorios.