NULIDAD PROCESALES QUE NO PREVE EL ART. 133 CGP

CAUSALES DE NULIDAD PROCESAL QUE NO PREVÉ EL ART. 133 CGP Las causales de nulidad no son exclusivamente las contempladas en el artículo 133, pues otras normas consagran nulidades procesales, como a continuación se exponen: 1. Artículo 14 CGP. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. En armonía con el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, la sentencia no puede fundarse en pruebas ilegales, irregulares o ilícitas, pues de basarse en ellas, resulta nula dicha providencia, por no respetarse esta garantía que hace parte integrante del debido proceso. Son pruebas ilegales aquellas que transgreden las normas sustanciales, como por ejemplo cuando el juez encuentra probada la promesa de compraventa de un inmueble, por medio de los testigos. (Recordemos que dicho contrato es solemne, y por tanto no puede acreditar con testigos). Son pruebas irregulares aquellas que vulneran normas procesales, como por ejemplo que el juez impida a una de las partes controvertir o debatir pruebas que en su contra se han aportado, y funda su sentencia en tales pruebas. Son pruebas ilícitas aquellas que se obtienen violando derechos fundamentales, como por ejemplo las grabaciones que se realizan sin orden judicial y además sin la autorización del interlocutor, pues infringe el derecho a la intimidad. 2.- Arts. 16 y 138. Cuando la sentencia la dicta el juez que carece de jurisdicción. A sabiendas de que la jurisdicción civil es residual, no puede resolver conflictos que estén atribuidos a otra jurisdicción, bien porque pertenezca a la ordinaria o a una especial. Así por tanto, el juez civil no puede proferir sentencia para imponer condenas de pagos por concepto de salarios, pues el juez natural para este asunto es el juez laboral, o dirimir controversias originadas en contratación estatal, pues es la jurisdicción contencioso administrativa la indicada para su solución. En los casos señalados la sentencia será nula, mas no la actuación que previamente se realizó. 3.- Arts. 16 y 138. Cuando la sentencia la dicta el juez que carece de competencia por los factores subjetivo o funcional. Si el juez civil dicta una sentencia para dirimir un conflicto en que una de las partes es agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República, o el juez dicta la sentencia que resuelve el recurso de revisión. En dichos casos la sentencia es nula, por cuanto el juez no es el competente para esos asuntos, pues en el primer caso y dado el favor subjetivo, debía conocer la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mientras que en el segundo caso, le corresponde bien al Tribunal Superior de Distrito o a la Corte Suprema de Justicia, resolver la revisión, por el factor funcional de la competencia. Art. 38. Cuando el comisionado carece de competencia territorial. En los casos en que se autoriza la comisión, como por ejemplo para practicar pruebas que se surten por fuera de la sede del juzgado, o para realizar la diligencia de remate de un inmueble que está fuera de la sede del juzgado, o para practicar diligencia de secuestro o entrega de bienes, el comisionado debe tener competencia territorial. En caso de que carezca de dicha competencia, debe devolver el despacho al comitente, y si no lo hace la nulidad solo puede alegarse hasta el momento en que se inicia la práctica de la diligencia. Art. 40. Cuando el comisionado excede las facultades con respecto a la diligencia que se le delega. El comisionado se debe limitar a cumplir la delegación que se le ha otorgado con las mismas facultades del comitente. Si excede tales facultades, genera nulidad que deberá ser alegada dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto dictado por el comitente en virtud del cual se ordena agregar el despacho diligenciado al expediente. Son ejemplos de exceder las facultades cuando no solo se limita a practicar la prueba que el comitente decretó, sino a practicar otra prueba que no fue autorizada, o cuando el comisionado profiere auto que aprueba remate, o decide el incidente de levantamiento de medida cautelar que él practicó. Art. 107.1. Cuando el juez, jueza, o los magistrados están ausentes en las audiencias o diligencias. La presencia del juez en las audiencias y diligencias es esencial en garantía del principio de inmediación. El juez como director del proceso, debe estar presente en la audiencia inicial, de instrucción y juzgamiento, de sustentación y fallo (cuando se tramita la segunda instancia por haberse apelado la sentencia), como también en la diligencia de inspección judicial, y en general en cualquier clase de audiencia o diligencia. La inasistencia del juez o de los magistrados provoca la nulidad de las actuaciones que se lleven a cabo. Término para dictar la sentencia de segunda instancia. El Ad Quem tiene seis meses contados a partir del recibo del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal, para resolver la segunda instancia, so pena de que las actuaciones posteriores a ese término, resulten nulas por pérdida de competencia. Prórroga del término. El inciso quinto del artículo 121 del Código General del Proceso, permite que el juez o el magistrado, por motivos plenamente justificables y por única vez prorrogue el término para resolver la instancia, hasta por seis (6) meses, mediante auto no susceptible de recurso. Si el juez o magistrado se acoge a este inciso, es necesario que se cumplan estas condiciones:  Que motive las razones por las que decide prorrogar el término.  Que se manifieste a través de auto, que no tiene ni siquiera reposición.  Que el auto mediante el cual decide prorrogar el término, se profiera antes de que haya vencido el mismo, es decir antes del año, si es en la primera o única instancia, o antes de los seis meses para el caso de la sentencia de segunda instancia. Transcurrido el plazo señalado, con o sin la prórroga, son nulas las actuaciones posteriores que se lleven a cabo, puesto que el funcionario pierde la competencia para seguir conociendo del proceso. Art. 134. Cuando se dicte sentencia y no se encuentra integrado el litisconsorcio necesario. Es forzosa la vinculación al proceso de todas las personas que conforman un litisconsorcio necesario, pues sin la presencia de todos sus integrantes, el juez no puede dictar la sentencia. El artículo 61 del CGP así lo prevé, por lo que si el juez advierte que un integrante del litisconsorcio necesario no se ha citado al proceso, no podrá dictar la sentencia y a cambio dicta el auto que ordena su vinculación. Si profiere la sentencia omitiendo lo anterior, ésta quedará nula y se ordena integrar el contradictorio. Arts. 452 y 455. Cuando no se cumplen las formalidades para llevar a cabo el remate de bienes. En los procesos en que se realiza el remate de bienes, si no se cumplen las formalidades que exige la ley para iniciar y adelantar la audiencia de remate, puede cualquier interesado alegar la nulidad respectiva, siempre que la formule antes de que se adjudiquen los bienes. De haberse proferido el auto que adjudica el bien al mejor postor, no habrá lugar a alegar nulidades en torno al remate, aunque todavía no se haya dictado el auto que aprueba el remate, el cual naturalmente es posterior a la audiencia por cuanto se requiere que el postor a quien se le adjudicó el bien consigne el excedente y el impuesto de remate, dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia. Las irregularidades que se alegan como nulidad de la audiencia de remate, cuya oportunidad es antes de la adjudicación, pueden ser las siguientes:  El remate no se incluye en el listado del periódico respectivo, con la antelación señalada en la ley. (no inferior a 10 días a la fecha señalada para el remate).  En el listado de publicación, no se cumple el contenido a que se refiere el artículo 450 del CGP.  No se allega el certificado de tradición y libertad (si el bien a rematar es inmueble) expedido dentro del mes anterior a la fecha del remate.  No se realiza la publicación del remate en un periódico que circule en el lugar donde esté el bien, cuando éste se encuentra ubicado fuera del territorio del circuito a que corresponde el juzgado que adelanta el proceso.  No se anuncia le número de sobres que se recibieron con anterioridad a la audiencia de remate. (dentro de los 5 días anteriores al remate se pueden hacer las ofertas en sobre cerrado)  No se respeta la hora en que se pueden presentar postores para que realicen su oferta.  Se tiene por admitida una oferta a la cual no se acompaña el depósito que previamente ha debido consignarse (el 40% del avalúo), a menos que provenga del acreedor que licita por cuenta del crédito, siempre que su crédito equivalga por lo menos al 40% del avalúo.  Se admite la oferta que proviene del acreedor que licita por cuenta del crédito, cuando éste no alcanza el 40% del avalúo del bien, y no consigna la diferencia.  Se pretende adjudicar a quien no es el mejor postor.  Si las mejores ofertas son iguales, el juez no los invita (si están presentes) para que incrementen la oferta, o en su caso no lo va a adjudicar a quien primero la hizo, puesto que este tendrá la prelación.