Compromisos internacionales en materia de género

La Corte Suprema de Justicia en sentencia STL7118-2023 recordó los compromisos internacionales en materia de género y no violencia contra las mujeres. En esta misma línea es necesario traer algunos criterios orientadores que la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial identificó para el trámite y decisión judicial de los procesos que requieren ser analizados con una perspectiva de género, a saber: (i) verificar si en el caso concreto proceden medidas especiales, cautelares o de protección. (ii) privilegiar la prueba indiciaria cuando no sea posible la prueba directa. (iii) argumentar la sentencia desde una hermenéutica de género. (iv) identificar la existencia de estereotipos, sexismo y la relación desequilibrada de poder. (v) escuchar la voz de las mujeres Han sido varios los convenios internacionales ratificados por Colombia que promueven la igualdad de género y que hacen parte del bloque de constitucionalidad reconocido en el artículo 93 de la Constitución. Tal asunto reviste mayor importancia en consideración a los cambios históricos que se requieren para generar la igualdad entre hombres y mujeres, así como el cumplimiento de compromisos específicos de orden internacional, como la Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, acogida por Colombia mediante la Ley 51 de 1981 que establece: Artículo 5 Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; Artículo 15 2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7.º de la Convención Belém Do Pará de 1994, prevenir, investigar y sancionar todos los tipos de violencia contra la mujer es una obligación que emana de tal disposición, en la que se establece la debida diligencia en la realización de estas acciones para los estados que la suscribieron, entre ellos, Colombia. Luego, al no acatar este deber, los estados pueden responder a nivel internacional por violencia institucional, ya sea por acción u omisión. En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado explicando que la falta de debida diligencia de los estados para mejorar la respuesta judicial ante hechos de violencia contra la mujer constituye una forma de discriminación y una negación al derecho a igual protección ante la ley. Se resalta la obligación particular de los Estados « a proporcionar a las víctimas de violencia en el hogar, que son principalmente mujeres, el acceso a un alojamiento seguro, así como a los oportunos remedios y recursos y a la reparación de los daños y perjuicios de orden físico, mental y moral». Por su parte, la Observación n.º 19 señala: La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de violencia contra la mujer. Existe en todas las sociedades. En las relaciones familiares, se somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como lesiones, violación, otras formas de violencia sexual, violencia mental y violencia de otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales. Y adicionalmente, recomienda: Entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia figuren las siguientes: i) sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en caso de violencia en el hogar; A su turno, la Recomendación General n.º 33 aprobada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, desarrolla, entre otros, el derecho de familia que afecta la situación de la mujer. El Comité recomienda que los Estados partes: b) Consideren la posibilidad de crear, en el mismo marco institucional, mecanismos judiciales o cuasi judiciales sobre la familia que tengan en cuenta la perspectiva de género y que se ocupen de cuestiones como los arreglos de restitución de bienes, el derecho a la tierra, la herencia, la disolución del matrimonio y la custodia de los hijos dentro del mismo marco institucional. Para descargar la providencia dar clic aquí STL7118-2023.