CAUSA PROBABLE EN MATERIA PENAL

CONCEPTO DE “CAUSA PROBABLE” El concepto de “causa probable” apunta a la existencia de elementos objetivos que permitan legítimamente a la Fiscalía inferir tal posibilidad, esto teniendo en cuenta que La Constitución define la labor de investigación de la Fiscalía General de la Nación a partir de la posibilidad de la ocurrencia de un delito. Mientras que el principio de proporcionalidad opera en el plano de las decisiones que afectan derechos fundamentales y, en este sentido, delimita el alcance de las actuaciones de las autoridades públicas, la causa probable está dirigida al inicio de la actuación penal del Estado. Es decir, su campo de aplicación es previo a las decisiones que puedan tener como consecuencia restricciones a los derechos fundamentales. Materialmente, la Constitución sujeta el concepto de causa probable a la existencia de “suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia” de un delito. EVIDENCIA MÍNIMA Y VALORACIÓN La causa probable aplica sobre una cuestión de hecho, pues la Constitución alude expresamente a “circunstancias fácticas”. Lo anterior implica que han de existir elementos materiales probatorios o evidencias mínimas, que soportan la posibilidad de la existencia de un delito. Esta afirmación podría generar enormes dificultades a la hora de considerar la legitimidad del ejercicio de la acción penal. Dado que no existe distinción, la investigación iniciaría directamente sobre la base de la denuncia, la petición especial, la querella o de oficio. En consecuencia, ¿cuál es la evidencia de las circunstancias fácticas? Esta dificultad puede ser resuelta a partir de la precisión que introduce la Constitución misma. En efecto, el artículo 250 establece que deben existir “suficientes motivos”. Esta condición remite a una valoración de la información de que dispone la Fiscalía en cada momento de la investigación. Con ello se pone de presente el carácter preparatorio que tiene la investigación, pues se trata de un proceso donde lentamente se pasa de una situación de probabilidad a la construcción de una certeza sobre la ocurrencia del hecho punible y la identificación del autor. También implica una importante restricción a las facultades de la Fiscalía General de la Nación, porque la obliga a sustentar la valoración de la información que tiene en cada momento histórico y, además, excluye la posibilidad de una actuación preventiva general. EN UN ESTADO DE DERECHO, EL SISTEMA PENAL NO PUEDE, POR REGLA GENERAL, OPERAR PREVENTIVAMENTE En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha indicado que la Constitución establece una teoría penal, soportada sobre el principio de culpabilidad. Por lo mismo, sólo es objeto de reproche penal la conducta que contraría la norma como modelo del contrato social. En consecuencia, resulta proscrita cualquier posibilidad de “sancionar la imaginación, la ideación de una conducta”. El aspecto operativo del sistema –investigación y sanción de la conducta punible– no puede ser preventivo, en la medida en que es necesario “realizar el correspondiente juicio de reproche por no haber cumplido con la norma penal cuando las necesidades de prevención le imponían el deber de comportarse de conformidad con el ordenamiento, en las circunstancias en que se encontraba” La Corte Constitucional ha considerado la pretensión de dirigir el sistema penal hacia mecanismos generalizados de prevención. En la Sentencia C– 1024 del 2002 declaró parcialmente inexequible el artículo 2.0 del Decreto 2002 del 2002, por cuanto autorizaba la privación de la libertad a quienes les atribuyan “planes de participar en la comisión de delitos”. Para la Corte, esa norma implicaba la violación de los artículos 28 y 29 constitucionales, en cuanto resultaba claro el abandono del derecho penal de acto o culpabilista. POSIBILIDAD EXCEPCIONAL INVESTIGACIÓN PREVENTIVA, PROXIMIDAD CON LA TENTATIVA La adopción de un sistema penal de acto no implica que esté absolutamente prohibida la investigación de conductas que no constituyan, en sí mismas, hechos punibles. La Corte Constitucional ha admitido la posibilidad excepcional de realizar investigaciones sobre los actos preparatorios de los hechos punibles, pues la prevención del delito constituye un fin constitucionalmente legítimo, en tanto que asegura la convivencia pacífica. Además, “tiene como finalidad recopilar material que permita estructurar una eventual investigación”, labor que puede resultar necesaria “pues es de todos conocido que la desaparición de las pruebas o su deterioro normal por el transcurso del tiempo inciden en el desarrollo del proceso”. La realización de este tipo de investigaciones debe estar sujeta a criterios materiales que permitan superar las posibilidades de capricho o arbitrio de las autoridades. En la Sentencia C–431 del 2003 la Corte declaró inexequible la expresión “sospechosas” del artículo 243 de la Ley 6oo del 2000, ya que permitía la realización de investigaciones de actos preparatorios sin que hubiera “circunstancias objetivas, externas, que constituyan indicios concretos sobre el particular o la existencia de al menos un principio de prueba, para que las autoridades mencionadas puedan iniciar” las labores de investigación “pasiva”. Por lo tanto, está prohibida la utilización del sistema penal para la persecución abstracta de posibles infractores de la ley penal: aquél no puede dirigirse a una suerte de pesca milagrosa. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LOS DELITOS DELIMITA MATERIALMENTE LA POSIBILIDAD DE INICIAR INVESTIGACIONES El concepto de causa probable, como se explicó, alude a la existencia de elementos probatorios mínimos y a una valoración sobre la ocurrencia de determinados hechos. Tales hechos corresponden, exclusivamente, a lo que materialmente, conforme al tipo, se califica como conducta punible. Lo anterior supone una restricción adicional al ejercicio abusivo o arbitrario del sistema penal. De esta manera delimita de forma precisa las conductas que pueden ser objeto de la investigación. Si la conducta de la cual se tiene información no está comprendida, luego de un análisis prima facie, dentro de aquellas que la ley establece como punibles, no habrá lugar a la iniciación de las investigaciones. Como muy acertadamente lo afirma Barbosa Castillo, “el principio de legalidad permea la totalidad del sistema procesal penal y ha hecho que cada vez sean menos claros los límites entre lo estrictamente procesal y lo sustancial”. Se da una “subordinación de las estructuras procesales a la lógica de la legalidad”. No son procedentes las denominadas “pescas milagrosas” por parte de la Fiscalía o los organismos de policía judicial. No puede sostenerse que existe causa probable, que autoriza la utilización de medios de investigación, sin que previamente y de manera siquiera sumaria se establezca que la conducta objeto de la investigación constituye un hecho que la ley califica de punible y existan elementos materiales de prueba que así lo indiquen.