La Corte Suprema, actuando como juez de instancia tras casar la sentencia del tribunal superior que había revocado el fallo de primera instancia (el cual había concedido la pensión), determinó que la demandante sí cumplía con los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez, incluyendo la densidad de semanas cotizadas, al tener en cuenta los periodos que debían ser contabilizados por su empleador y, por ende, por la entidad pensional.