La Corte Constitucional ha abordado un complejo dilema jurídico en la era digital: la tensión entre la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la participación política de un periodista, frente al derecho de una congresista a una vida libre de violencia de género y política en redes sociales. La Sala Segunda de Revisión concluyó que, si bien el bloqueo en redes sociales por parte de un funcionario público puede ser una medida desproporcionada, no todo discurso está amparado por la libertad de expresión, especialmente cuando constituye violencia contra la mujer en política (VCMP).

El caso involucró a un periodista y director de un medio de comunicación digital que ejercía control político sobre la gestión de una Representante a la Cámara, quien a su vez lo bloqueó en Facebook y X, alegando que los mensajes constituían actos de violencia de género.