La Corte Suprema de Justicia estudió la tutela presentada por una familia campesina que habita desde 1982 un predio en Puerto Gaitán (Meta), parte del antiguo fundo “Morichito”. Tras años de violencia, desplazamientos y promesas de titulación no cumplidas, la Agencia Nacional de Tierras reconoció derechos colectivos sobre ese territorio al pueblo indígena Sikuani, generando conflicto entre ambas poblaciones.

Los accionantes alegaron amenazas, daños a sus cultivos, y un riesgo creciente de desplazamiento tras la resolución de la ANT. Solicitaron medidas de protección integral y revocatoria del acto administrativo que reconoció a la comunidad indígena.