La Corte Suprema de Justicia ha declarado improcedente una acción de tutela interpuesta por un abogado contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), que buscaba la expedición de su tarjeta profesional. La decisión subraya la importancia del cumplimiento de los requisitos administrativos y la probidad en el ejercicio de la profesión, incluso en la interacción con las autoridades.
El caso se originó cuando un abogado, ya inscrito en el Registro Nacional de Abogados, solicitó la expedición de su tarjeta profesional. La URNA requirió una nueva fotografía con fondo azul y mejor resolución, conforme a los estándares técnicos para la identificación oficial. Ante este requerimiento, el accionante respondió con una serie de improperios e insultos hacia el funcionario encargado del trámite.
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