La ausencia de una persona, entendida como la incertidumbre sobre su paradero y existencia, plantea significativos desafíos al ordenamiento jurídico. Esta situación ha sido objeto de una regulación progresiva, orientada a proteger tanto los intereses del individuo desaparecido como los de aquellos que mantienen vínculos jurídicos o afectivos con él.La declaración judicial de ausencia emerge como un mecanismo fundamental para formalizar dicha incertidumbre, permitiendo la adopción de medidas conservatorias sobre el patrimonio del ausente y la salvaguarda de los derechos de terceros.

Su finalidad primordial radica en la protección del patrimonio de la persona cuyo paradero se ignora, así como en la tutela de los derechos de quienes dependen económicamente de ella o tienen relaciones jurídicas pendientes que se ven afectadas por su desaparición. Este procedimiento permite la designación de un administrador o curador de los bienes, con el objetivo de evitar su deterioro o administración negligente, y facilitar el cumplimiento de las obligaciones pendientes.