Del deber de integración del contradictorio en la tutela

El juez, como director del proceso, le asiste el deber de integrar debidamente el contradictorio, vinculando al trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar comprometidas en la presunta afectación de los derechos fundamentales que se consideran amenazados o vulnerados por quien la radica, a fin de que el cumplimiento de una eventual orden de amparo pueda materializarse por todos aquellos que pudiesen estar comprometidos o afectados con la decisión y obviamente, con miras a que la protección se haga efectiva. Así, esos que en principio son terceros, deben tener garantizado el ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 29 de la constitución, poder intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las peticiones de la solicitud de amparo constitucional, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, contradecir las aportadas por otros y hacer uso de los recursos defensivos que ofrece el ordenamiento jurídico. Tratándose de la acción de tutela, la H. Corte Constitucional considera que “la debida integración del contradictorio por parte de los jueces de tutela, se constituye en una forma de materializar el derecho fundamental al debido proceso, y es una manifestación de los principios de informalidad y oficiosidad, en tanto “[el contenido del fallo no puede ser inhibitorio”. En Auto A393 de 2019, se advirtió: “(…) corresponde a la autoridad judicial desplegar las actuaciones necesarias para garantizar la participación de las partes en el proceso, a efecto de determinar si hubo o no la vulneración de los derechos fundamentales que se reclaman. Por el contrario, la no vinculación al proceso o su indebida notificación, genera una irregularidad que vulnera el derecho al debido proceso e impide el conocimiento del asunto sometido a consideración de esta Corte”. Ante la omisión de la activa de citar al trámite constitucional todos aquellos que pudieren intervenir en el ejercicio de los derechos cuya protección reclama, se hace necesario disponer su vinculación oficiosa, acudiendo a los elementos de juicio que obran en el expediente, permitiéndoles intervenir en el litigio a fin de ser escuchados, y garantizarles su derecho a la defensa. RESUMEN DE LA SENTENCIA Acción de tutela: Un ciudadano solicita el amparo de los derechos fundamentales a la vida, salud, integridad y dignidad humana, debido a que fue desafiliado de la Nueva EPS por un cambio en su puntaje del SISBEN, lo que le impidió continuar con el tratamiento para el cáncer de estómago que padece. Sentencia de primera instancia: El Juzgado Laboral del Cto. de Cartago tuteló los derechos del accionante y ordenó a la Nueva EPS retomar la atención médica que le venía brindando bajo el régimen subsidiado, y a la Secretaría de Salud Municipal realizar una nueva encuesta del SISBEN al grupo familiar del accionante, teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas y médicas. Impugnación: El Municipio de Cartago-Secretaría de Salud impugnó la sentencia, argumentando que no era la entidad competente para realizar la encuesta del SISBEN, sino la Secretaría de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico, y que no se le garantizó el derecho de defensa al no ser vinculada al proceso. Decisión del Tribunal: La Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio, por no haberse integrado debidamente el contradictorio, y ordenó al Juzgado de origen rehacer la actuación, vinculando y notificando a la Secretaría de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico. Para leer y descargar la providencia dar clic aquí Del deber de integración del contradictorio en la tutela