DERECHO A LA RECTIFICACIÓN - Alcance legal y jurisprudencial

El Tribunal Superior del Buga Sala laboral en sentencia de fecha 30 de mayo del 2023 recordó el alcance legal y jurisprudencial del Derecho a la rectificación. En el presente proceso, la senadora María Fernanda Cabal lanzo la siguiente expresión contra un líder social: "Entiendo que este muchacho, según me cuentan hace eso con frecuencia para tener esquema, le han quitado el esquema, entiendo que fue contratado por la Gobernación del Valle, y me dicen que su contratación tuvo que ser suprimido porque aportó un diploma falso, entonces hay demasiado ruido alrededor” 🔒 Acceso restringido Para leer el artículo completo y descargar la providencia, necesitas estar suscrito. ¿Aún no tienes membresía? Suscríbete ahora y accede a todo el contenido, incluyendo modelos, libros, esquemas, resúmenes jurídicos y jurisprudencia. Suscríbete Como derecho, la rectificación está consagrada en el art.20 de la Constitución Política, así: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. Dicho precepto debe analizarse en concordancia con el numeral 07 del artículo 42 del Decreto No 2591 de 1991, que dispone: “7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma”. En la sentencia T-004 de 2022, donde itera los pronunciamientos de T-022-17, que cita a su vez la T-260 de 2010, indica que las ventajas de la rectificación en condiciones de equidad, menciona las siguientes: Constituye un mecanismo menos intimidatorio que la sanción penal y más cercano en el tiempo a la concreción del daño. Garantiza la protección de los derechos a la honra y al buen nombre, pero preserva, de manera simultánea, los derechos a la libertad de expresión y de información. No presupone para su ejercicio que se declare, previamente, la existencia de responsabilidad civil o penal del comunicador o que se establezca la intención de dañar o la negligencia al momento de trasmitir la información no veraz o parcial. Basta con que la persona afectada logre demostrar que la información que se exteriorizó es falsa; o ha sido objeto de tergiversación; o carece de fundamento, para que exista el deber correlativo de rectificarla. Ofrece una reparación distinta a la que se deriva a partir de la declaratoria de responsabilidad civil o penal, pues una rectificación oportuna impide que los efectos difamatorios se prolonguen en el tiempo como acontecimientos reales. No persigue imponer una sanción o definir una indemnización en cabeza del agresor por cuanto su objetivo consiste en restablecer el buen nombre y la reputación de quien ha sido afectado con el mensaje emitido al ofrecer –con igual despliegue e importancia que el mensaje que produjo la lesión– un espacio destinado a facilitar que el público conozca la realidad de los hechos que fueron emitidos de manera errónea, tergiversada o carente de imparcialidad. Así, según los términos del acto comunicativo vulnerador, a los sujetos pasivos deberá aclarárseles que las aseveraciones son realmente sus valoraciones, que los hechos divulgados se alejan de la realidad o que sus denuncias no son arbitrarias, sino que tienen unos hechos que lo sustentan. No excluye la posibilidad de obtener reparación patrimonial –penal y moral–, mediante el uso de otros medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico”. Nota: la rectificación es exclusiva de los actores que practican el periodismo o ejercen de manera habitual la actividad de informar. Descargar la providencia aquí ST-29-23

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