DERECHO A LA RECTIFICACIÓN - Alcance legal y jurisprudencial

El Tribunal Superior del Buga Sala laboral en sentencia de fecha 30 de mayo del 2023 recordó el alcance legal y jurisprudencial del Derecho a la rectificación. En el presente proceso, la senadora María Fernanda Cabal lanzo la siguiente expresión contra un líder social: "Entiendo que este muchacho, según me cuentan hace eso con frecuencia para tener esquema, le han quitado el esquema, entiendo que fue contratado por la Gobernación del Valle, y me dicen que su contratación tuvo que ser suprimido porque aportó un diploma falso, entonces hay demasiado ruido alrededor” Como derecho, la rectificación está consagrada en el art.20 de la Constitución Política, así: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. Dicho precepto debe analizarse en concordancia con el numeral 07 del artículo 42 del Decreto No 2591 de 1991, que dispone: “7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma”. En la sentencia T-004 de 2022, donde itera los pronunciamientos de T-022-17, que cita a su vez la T-260 de 2010, indica que las ventajas de la rectificación en condiciones de equidad, menciona las siguientes: Constituye un mecanismo menos intimidatorio que la sanción penal y más cercano en el tiempo a la concreción del daño. Garantiza la protección de los derechos a la honra y al buen nombre, pero preserva, de manera simultánea, los derechos a la libertad de expresión y de información. No presupone para su ejercicio que se declare, previamente, la existencia de responsabilidad civil o penal del comunicador o que se establezca la intención de dañar o la negligencia al momento de trasmitir la información no veraz o parcial. Basta con que la persona afectada logre demostrar que la información que se exteriorizó es falsa; o ha sido objeto de tergiversación; o carece de fundamento, para que exista el deber correlativo de rectificarla. Ofrece una reparación distinta a la que se deriva a partir de la declaratoria de responsabilidad civil o penal, pues una rectificación oportuna impide que los efectos difamatorios se prolonguen en el tiempo como acontecimientos reales. No persigue imponer una sanción o definir una indemnización en cabeza del agresor por cuanto su objetivo consiste en restablecer el buen nombre y la reputación de quien ha sido afectado con el mensaje emitido al ofrecer –con igual despliegue e importancia que el mensaje que produjo la lesión– un espacio destinado a facilitar que el público conozca la realidad de los hechos que fueron emitidos de manera errónea, tergiversada o carente de imparcialidad. Así, según los términos del acto comunicativo vulnerador, a los sujetos pasivos deberá aclarárseles que las aseveraciones son realmente sus valoraciones, que los hechos divulgados se alejan de la realidad o que sus denuncias no son arbitrarias, sino que tienen unos hechos que lo sustentan. No excluye la posibilidad de obtener reparación patrimonial –penal y moral–, mediante el uso de otros medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico”. Nota: la rectificación es exclusiva de los actores que practican el periodismo o ejercen de manera habitual la actividad de informar. Descargar la providencia aquí ST-29-23