Derecho al debido proceso constitución politica

El derecho al debido proceso es una garantía fundamental que busca asegurar el respeto a los derechos de las personas que se ven involucradas en una actuación judicial o administrativa. Este derecho está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que establece los principios y las reglas que deben observarse en todo tipo de procesos. Según el artículo 29, el debido proceso implica que nadie puede ser juzgado, sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante un juez o tribunal competente e imparcial, y con observancia de las formas propias de cada juicio. Además, toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable, y tiene derecho a la defensa, a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar y controvertir pruebas, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. También se establece que es nula la prueba obtenida con violación del debido proceso. La Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente el contenido y el alcance del derecho al debido proceso, y ha señalado que este comprende otras garantías como el derecho a la jurisdicción, el derecho al juez natural, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de legalidad, el principio de favorabilidad, el principio de igualdad procesal, el principio de contradicción, el principio de publicidad, el principio de celeridad y el principio de buena fe. El derecho al debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las administrativas, es decir, a los trámites y procedimientos que adelantan las autoridades públicas en ejercicio de sus funciones. En ambos casos, se debe garantizar el respeto a los derechos y las garantías constitucionales de las personas involucradas. El derecho al debido proceso es un derecho fundamental que puede ser protegido mediante la acción de tutela cuando se considere que ha sido vulnerado o amenazado por una autoridad pública o por un particular que ejerza funciones públicas. La tutela es un mecanismo judicial rápido y eficaz para reclamar la protección del debido proceso y de los demás derechos fundamentales. MODELOS Tutela entrega de vehículo inmovilizado .docx Tutela debido proceso.docx PROVIDENCIAS RELACIONADAS Tutela ordena entrega de vehículo inmovilizado sin cobro T962-2022: Gastos de parqueo por inmovilización de vehículo 59676 DERECHO AL DEBIDO PROCESO -vulneración del derecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial.pdf STC1926-2023 DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Falta de motivación consecuencias.pdf STC3586-2020 DEBIDO PROCESO - vulneración del derecho por indebida interpretación normativa, al desconocer la validez de la notificación electrónica del mandamiento de pago.pdf STC3771-2020 DEBIDO PROCESO - Principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.pdf STL428-2023 DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Principio de legalidad importancia del principio en las actuaciones judiciales y administrativas.pdf STP1616-2023 DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Vía de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial configuración.pdf STP1706-2023 DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Defecto sustantivo configuración.pdf STP17062-2022 DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Noción.pdf SU174-21 DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Vulneración ante la filtración a los medios de comunicación de un proyecto de sentencia en el marco de un proceso penal.pdf SU598-19 DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-Elementos.pdf