El derecho al debido proceso es una garantía fundamental que busca asegurar el respeto a los derechos de las personas que se ven involucradas en una actuación judicial o administrativa. Este derecho está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que establece los principios y las reglas que deben observarse en todo tipo de procesos.

Según el artículo 29, el debido proceso implica que nadie puede ser juzgado, sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante un juez o tribunal competente e imparcial, y con observancia de las formas propias de cada juicio. Además, toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable, y tiene derecho a la defensa, a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar y controvertir pruebas, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. También se establece que es nula la prueba obtenida con violación del debido proceso.

La Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente el contenido y el alcance del derecho al debido proceso, y ha señalado que este comprende otras garantías como el derecho a la jurisdicción, el derecho al juez natural, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de legalidad, el principio de favorabilidad, el principio de igualdad procesal, el principio de contradicción, el principio de publicidad, el principio de celeridad y el principio de buena fe.