El derecho de asilo es una garantía que tiene toda persona ante el ordenamiento jurídico internacional, que le permite buscar y recibir protección en un país extranjero cuando su vida, integridad o libertad están amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. Este derecho está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y otros instrumentos internacionales de los que Colombia hace parte.

Según la normatividad colombiana, el derecho de asilo se regula por el Decreto 2840 de 2013, que establece el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, las funciones de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (CONARE) y otras disposiciones. El decreto define al refugiado como “toda persona que se encuentra fuera de su país de origen o de su residencia habitual y que no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país o regresar a él debido a un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas; o que se ha visto obligada a abandonar su país o lugar de residencia habitual debido a una grave y generalizada violación de derechos humanos o a otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

La Corte Constitucional ha manifestado que el derecho de asilo es una expresión humanitaria debida a la racionalidad y que nace como una medida que remedia el estado de indefensión de una persona frente a un sistema del cual es disidente. La Corte ha reconocido que el derecho de asilo implica una serie de obligaciones para el Estado colombiano, entre las que se destacan: respetar el principio de no devolución, no expulsión, no extradición o no deportación al país de origen; garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia; facilitar la documentación e identificación; brindar asistencia humanitaria; asegurar el acceso a los servicios básicos como salud y educación; promover la integración social y económica; y cooperar con los organismos internacionales.