El sistema penal acusatorio colombiano, implementado mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado en la Ley 906 de 2004, introdujo una transformación profunda en el procedimiento penal, con énfasis en la oralidad, la publicidad, el principio de contradicción y la separación clara de las funciones de investigar, acusar y juzgar.
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