Familia de crianza

Legitimación en la causa por activa en procesos de reparación directa - Familia de Crianza La jurisprudencia constitucional orienta desde un sentido amplio que la legitimación en la causa corresponde a la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso” de modo que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas. Dentro del concepto de legitimación en la causa se encuentra la legitimación de hecho, derivada de la alegación de esa condición en la demanda, tal como lo indica el artículo 140 del CPACA, al decir que “la persona interesada podrá”, siendo ese el interés mínimo suficiente para autorizar el accionar ante la instancia procesal de inicio del proceso. En cambio, la legitimación material hace relación a la condición y calidad necesaria, alegada, para obtener una decisión estimatoria de las pretensiones. En sentencia de 11 de noviembre de 2009,, la Sección Tercera del Consejo de Estado, explicó que la distinción del alcance de una y otra perspectiva del concepto, indicando que: “(…)quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda (…) la legitimación material en la causa, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño (…)”. De esta forma, y para lo que interesa al caso concreto, entiende la Sala que la legitimación en la causa sustantiva o material para actuar como demandante dentro de un proceso de reparación directa se reconoce cuando, además del daño antijurídico, el demandante acredita que ha sufrido un perjuicio cierto y personal. La jurisprudencia ha admitido que todas las personas lesionadas o perjudicadas en sus derechos e intereses materiales o inmateriales, tienen por esa sola circunstancia la condición de víctimas y, por tanto, están legitimadas para iniciar procesos judiciales con la finalidad de obtener la reparación integral de los perjuicios correspondientes. En otros términos, por el hecho básico de ser titulares de un interés jurídico susceptible de reparación, son hábiles para accionar. En la misma línea se ha comprendido que frente a un mismo hecho dañoso, existen víctimas directas e indirectas: las primeras, es decir, quienes sufren la lesión o fallecen, o sufren la afectación sobre un bien o derecho en el que recae el hecho dañoso; las segundas, quienes pretenden la reparación de los perjuicios personales derivados del daño sufrido por otra persona, quienes también están legitimados para demandar en calidad de víctimas indirectas o damnificados, bajo la teoría del daño por rebote; de acuerdo con la jurisprudencia: “las víctimas indirectas -también llamadas damnificados- son todas aquellas que han sufrido perjuicios, tanto morales como materiales, derivados del daño padecido por una víctima directa con ocasión de la acción u omisión de las autoridades públicas y que, en consecuencia, están legitimadas para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para obtener la respectiva indemnización. Sin embargo, el derecho a la reparación de las víctimas indirectas o de los damnificados está condicionado, entre otras cosas, a la existencia del carácter personal del perjuicio, toda vez que este solo se reconoce en la medida en que prueben que el hecho dañino les ocasionó un perjuicio, ya sea por la especial relación afectiva o por la dependencia económica que mantenían con la víctima directa o inicial.” La jurisprudencia ha convenido que “quienes no logran probar el vínculo de parentesco mediante el registro civil, enfrentan la dificultad de probar que hacen parte del núcleo familiar directo de la víctima y la especial relación de afecto que mantenían con ella, al punto que el daño antijurídico padecido por la víctima le generaron unos perjuicios, que pueden ser tanto morales como materiales, los cuales serán el objeto de las pretensiones indemnizatorias.” En este punto, resulta oportuno advertir que la jurisprudencia ha permitido identificar la denominada “familia de crianza” como una de las nuevas tipologías familiares. Esta configuración que no tiene consagración legal todavía, se reconoce por destacar el deber de solidaridad constitucional como elemento existencial de las relaciones familiares, lo cual ha permitido resaltar la importancia no solo del papel que tiene el derecho a la igualdad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad en el ámbito familiar, sino también la vigencia del derecho a la intimidad y la obligación de tratamiento jurídico paritario entre familias como una representación clara del principio de pluralismo constitucional, elemento definitorio del Estado Social y Democrático de Derecho. En el año 1997 la corte analizó el caso de una pareja que se encargó de la crianza y educación de un menor abandonado, después de unos años en el marco del servicio militar este último fallece, razón por la cual la pareja decide solicitar al Ministerio de Defensa Nacional el reconocimiento y pago de la indemnización por la muerte de quien consideraban su ‘hijo de crianza’. La corte en este caso manifestó: “(…) La situación de abandono en que se encontraba Juan Guillermo, terminó cuando los demandantes decidieron hacer de él, el hijo de familia que no habían tenido; las relaciones que entonces se establecieron entre los actores y el soldado fallecido fueron, hasta la muerte de éste último, las que ordinariamente se dan entre padres e hijos; los peticionarios se preocuparon por proporcionar a Juan Guillermo un hogar, y por brindarle en él la estabilidad emocional, afectiva y económica que ya no recibía de sus padres. A su vez Juan Guillermo reaccionó a la acogida que Tomás Enrique y María del Carmen le dieron, comportándose para con ellos como si fuera un hijo de esa pareja. (….) Surgió así de esa relación, una familia que para propios y extraños no era diferente a la surgida de la adopción o, incluso, a la originada por vínculos de consanguinidad, en la que la solidaridad afianzó los lazos de afecto, respeto y asistencia entre los tres miembros.” Así, en virtud del artículo 228 constitucional se estableció la prevalencia del derecho sustancial en el ámbito familiar, pues las relaciones de trato, afecto, y asistencia mutua presentada al interior de esta modalidad y la voluntad inequívoca de todos sus miembros de conformarla, dieron como resultado este caso similar a las que se predican normalmente de cualquier otra familia, de manera que la muerte del soldado generó para sus "padres de crianza" las mismas consecuencias jurídicas que hubiera ocasionado la muerte de otro soldado con sus padres formalmente reconocidos. Se hace entonces indispensable que en virtud de la definición finalista incorporada por el artículo 42 de la Carta Política, se lleve a cabo un análisis más dinámico de esta institución, pues la ‘familia de crianza’ es capaz de desarrollar vínculos y lazos como cualquier otra e inclusive mayores a los que podrían tenerse en el seno de las tradicionales, razón por la cual una ruptura de las relaciones creadas al interior de esta supondría una amenaza grave a la estabilidad y desarrollo de sus miembros. Por su parte, en sentencia del año 2015, la corte afirmó que la configuración de diferentes tipologías familiares obedece a la evolución que las relaciones humanas tienen en la sociedad, razón por la cual se hace necesario que el derecho se ajuste constantemente a las realidades jurídicas existentes. Posteriormente en el año 2016 fueron creados una serie de requisitos configurativos de la “familia de crianza”, pues ante la inexistencia de una normativa que las regule se hizo necesario para la corte establecer elementos que hicieran más fácil el análisis concreto de cada caso a la hora de determinar la existencia de este tipo de familias, o el reconocimiento de un derecho de ella derivado, de manera que, solo bajo el análisis de estos requisitos, se hace posible desplazar la presunción familiar en favor de la familia de crianza; para lo cual señaló los presupuestos de afecto, respeto, solidaridad y asistencia presentados en el seno de las relaciones de crianza que pueden predicarse también respecto de los abuelos, cuando son estos quienes se hacen cargo de la crianza de sus nietos, o los tíos que se responsabilizan de la crianza de sus sobrinos, en otras palabras, pueden extenderse a cualquier miembro de la familia. Refiere la Corte Constitucional en dicha providencia como requisitos existenciales de la “Familia de Crianza” los siguientes: La solidaridad: Se evalúa en la causa qué motivó al padre o madre de crianza a generar una cercanía con el hijo, que deciden hacer parte del hogar y al cual brindan un apoyo emocional y material constante y determinante para su adecuado desarrollo. Esta se encuentra justificada en los artículos 1 y 95 de la Constitución, la jurisprudencia constitucional y en el artículo 67 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Reemplazo de la figura paterna o materna (o ambas). Se sustituyen los vínculos consanguíneos o civiles por relaciones de facto. Podrá observarse si el padre de crianza tiene parentesco con el hijo, pero no será determinante en la evaluación de la existencia de la familia de crianza, ya que en la búsqueda de la prevalencia del derecho sustancial se privilegiará la crianza misma así provenga de un familiar. La dependencia económica. Se genera entre padres e hijos de crianza que hace que estos últimos no puedan tener un adecuado desarrollo y condiciones de vida digna sin la intervención de quienes asumen el rol de padres. Es el resultado de la asunción del deber de solidaridad, las normas legales y constitucionales que regulan la institución de la familia y las disposiciones que buscan garantizar ambientes adecuados para los menores, como el Código de la Infancia y la Adolescencia, que generan el surgimiento de los demás deberes que acarrea la paternidad responsable. Vínculos de afecto, respeto, comprensión y protección. Se pueden verificar con la afectación moral y emocional que llegan a sufrir los miembros de la familia de crianza en caso de ser separados, así como en la buena interacción familiar durante el día a día. Reconocimiento de la relación padre y/o madre, e hijo. Esta relación debe existir, al menos implícitamente, por parte de los integrantes de la familia y la cual debe ser observada con facilidad por los agentes externos al hogar. Existencia de un término razonable de relación afectiva entre padres e hijos. La relación familiar no se determina a partir de un término preciso, sino que debe evaluarse en cada caso concreto con plena observancia de los hechos que rodean el surgimiento de la familia de crianza y el mantenimiento de una relación estable por un tiempo adecuado para que se entiendan como una comunidad de vida. Es necesario que transcurra un lapso que forje los vínculos afectivos. Afectación del principio de igualdad. Se configura en idénticas consecuencias legales para las familias de crianza, como para las biológicas y jurídicas, en cuanto a obligaciones y derechos y, por tanto, el correlativo surgimiento de la protección constitucional. En la medida en que los padres de crianza muestren a través de sus actos un comportamiento tendiente a cumplir con sus obligaciones y deberes en procura de la protección y buen desarrollo de los hijos, se tendrá claro que actúan en condiciones similares a las demás familias, por lo que serán beneficiarias de iguales derechos y prestaciones.” Cabe advertir que los elementos anteriormente mencionados, pueden ser más amplios o restringidos dependiendo del caso, pues cada familia, relación o vínculo deben ser analizados en concreto y conforme, situaciones diferenciadas. Sobre la posibilidad de reconocer indemnización a título de perjuicios morales a los familiares de crianza, el Consejo de Estado ha manifestado de forma pacífica, que la familia no solo se configura por vínculos consanguíneos o jurídicos, sino que “puede tener un sustrato natural o social, a partir de la constatación de una serie de relaciones de afecto, de convivencia, de amor, de apoyo y solidaridad, que son configurativas de un núcleo en el que rigen los principios de igualdad de derechos y deberes para una pareja, y el respeto recíproco de los derechos y libertades de todos los integrantes”. De esta manera, la ‘familia de crianza’ evolucionó, pues la jurisprudencia expresó la importancia de llevar a cabo el análisis de cada caso en concreto, teniendo en cuenta que, más allá de las calidades que pueda ostentar la persona que hace como padre o madre, lo realmente importante a tener en cuenta son los presupuestos necesarios que dan lugar a la configuración familiar de crianza, así una vez logren probarse los presupuestos propios de la ‘familia de crianza’, lo único que importa es el otorgamiento de los derechos y garantías en condiciones de igualdad. Fuente: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA 2016-00590-01 Para adquirir nuestra suscripción o comprar nuestros libros en físico o digital, visita nuestra TIENDA VIRTUAL C- 965 de 2003. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2011, exp. 20.146. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de agosto de 2011, exp. 19.237. Consejo de Estado, Sentencia Tercera, del 10 de agosto de 2005, exp. 13444. Exp. 18163, y luego citada en sentencia de 12 de noviembre de 2014, exp. 29139, Sección Tercera, CP. Jaime Orlando Santofimio. Consejo de Estado, sentencias de 11 de noviembre de 2009, Exp. 18163; 4 de febrero de 2010, Exp.17720. La prueba de la existencia del daño, entendido éste como la alteración negativa de un estado de cosas existente, es un requisito indispensable para que surja la responsabilidad civil del Estado y, en consecuencia, el deber de repararlo de manera integral (Entre otras sentencias, CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 15 de julio de 2000, Exp. 15800). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2000, exp. 15800. Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 20 de septiembre de 2001, Exp.: 10973, de 23 de abril de 2008, Exp. 16271 y de 19 de agosto de 2011, Exp. 19237. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de noviembre de 2014, cita: Saavedra Becerra, Ramiro. Consejo de Estado, Sección Tercera, CP. Jaime Orlando Santofimio, sentencia de noviembre 12 de 2014, exp. 209139. Consejo de Estado, Sección Tercera, CP. Jaime Orlando Santofimio, sentencia de noviembre 12 de 2014, exp. 209139. C-107 de 2017 T-495 de 1997 T-070 de 2015 T-525 de 2016 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de septiembre de 2009, expediente 1995-01541-01(17997), M.P. Enrique Gil Botero.