El expediente se originó en un proceso ejecutivo donde los demandados alegaron falsedad de las letras de cambio, pagos parciales y prescripción. Al perder en ambas instancias, acudieron a tutela contra los juzgados Diecisiete Civil del Circuito y Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá, alegando violación al debido proceso y desconocimiento de pruebas pedidas —en especial un dictamen grafológico sobre los títulos.

El Tribunal Superior negó el amparo: la prueba pericial se había pedido fuera de oportunidad, los pagos no se acreditaron con soporte idóneo y la prescripción nunca fue propuesta. Al impugnar, los actores pidieron a la Corte Suprema revocar la tutela, asegurando que el formalismo les negó justicia material.