El incidente de desacato es un mecanismo procesal que busca garantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas por los jueces de tutela para la protección efectiva de los derechos fundamentales. Su finalidad no es sancionar, sino asegurar que la orden judicial se cumpla en los términos previstos.De acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, este incidente procede cuando el obligado no cumple la orden de tutela en el plazo fijado, o lo hace de forma incompleta o defectuosa. El juez debe trasladar la solicitud al presunto incumplido, quien cuenta con tres días para responder. Con base en las pruebas y circunstancias del caso, el juez puede imponer arresto hasta por seis meses y multa hasta por 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Corte Suprema de Justicia ha subrayado que el desacato solo debe activarse frente a un incumplimiento claro y sin justificación válida. El juez debe verificar si existe imposibilidad jurídica o material para cumplir la orden, en cuyo caso no procede sanción alguna.

Por su parte, la Corte Constitucional ha definido la naturaleza jurídica mixta del desacato (coercitiva y disciplinaria). La sanción impuesta debe ser razonable y se levanta una vez se cumpla la orden. Además, el procedimiento debe respetar las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho de defensa y la posibilidad de impugnar la decisión.

El juez también puede acudir a otros medios complementarios como: solicitar la intervención de otras autoridades, remitir copias para investigaciones disciplinarias o penales, o adoptar medidas alternativas según las circunstancias del caso.