Requisitos adjetivos de procedibilidad de la tutela Bogota

Los requisitos adjetivos de procedibilidad de la acción de tutela cuando ha transcurrido un extenso lapso entre el hecho que generó la vulneración y la interposición de la acción constitucional son: Cuando exista un motivo válido para la inactividad del demandante. Cuando la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión. Cuando exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados. Cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable de la parte actora derivada del irrespeto por sus derechos continúa y es actual. Lo anterior frente al requisito de la inmediatez, el cual exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales o, por lo menos, dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia. Ello toda vez que el paso prolongado del tiempo indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada, desvirtuándose así la inminencia de la afectación. Resulta importante destacar que, conforme la Corte Constitucional, el plazo antes indicado se ha fijado en seis meses, el cual ha de analizarse en cada caso concreto para determinar si un exceso en el mismo se encuentra justificado para omitir esta consideración y entrar al fondo del debate jurídico planteado. Este requisito responde a necesidades adicionales como: Proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable. Impedir que el amparo se convierta en factor de inseguridad jurídica y Evitar el uso de este mecanismo como herramienta supletiva de la propia negligencia en la defensa de los derechos RESUMEN DE LA SENTENCIA Acción de tutela contra providencia judicial: La UGPP solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por las sentencias del Juzgado Cuarto Administrativo y del Tribunal Administrativo del Tolima, que ordenaron la reliquidación de la pensión de vejez con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio. Hechos relevantes: El ciudadano nació el 15 de agosto de 1944 y se pensionó el 15 de agosto de 1999. Cajanal le reconoció la pensión con el 75% del salario promedio devengado en los últimos 5 años y 5 meses de servicio. El señor ciudadano demandó la nulidad de los actos administrativos que le reconocieron la pensión y solicitó que se le liquidara con el 75% de todos los factores salariales enlistados en la Ley 62 de 1985. El Juzgado Cuarto Administrativo y el Tribunal Administrativo del Tolima accedieron a sus pretensiones. El ciudadano falleció el 20 de febrero de 2014 y su cónyuge supérstite, recibió la pensión de sobrevivientes. Sustento de la vulneración: La UGPP alega que las sentencias demandadas desconocieron el precedente de la Corte Constitucional sobre el alcance del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que regula el régimen de transición pensional. La UGPP sostiene que el ingreso base de liquidación debía calcularse con las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y la inclusión de factores salariales con el Decreto 1158 de 1994, pues el ciudadano adquirió su derecho pensional después del 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones. Sentencia de primera instancia: La Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por ausencia de inmediatez, pues entre la ejecutoria de las sentencias cuestionadas y la presentación de la tutela transcurrieron más de seis meses. Impugnación: La UGPP impugnó el fallo argumentando que se cumplía el requisito de inmediatez, pues la vulneración era permanente y la entidad asumió las funciones pensionales y de defensa judicial de Cajanal solo a partir del 12 de junio de 2013. Además, reiteró que las sentencias demandadas incurrieron en desconocimiento del precedente y en defecto sustantivo. Recurso de revisión contra sentencias pensionales: La UGPP solicita la tutela contra las sentencias que ordenaron la reliquidación de la pensión del ciudadano con inclusión de todos los factores salariales, alegando que se incurrió en abuso del derecho y que se vulnera la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Requisitos de inmediatez y subsidiariedad: La Sección Cuarta declaró improcedente la tutela por ausencia de inmediatez, pues entre la ejecutoria de las sentencias cuestionadas y la presentación de la tutela transcurrieron más de seis meses. La UGPP impugnó el fallo argumentando que se cumplía el requisito de inmediatez, pues la vulneración era permanente y la entidad asumió las funciones pensionales y de defensa judicial de Cajanal solo a partir del 12 de junio de 2013. Sentencia de segunda instancia: La Sección Quinta confirmó la improcedencia de la tutela, pero por las razones expuestas en esta providencia. Señaló que la UGPP cuenta con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para cuestionar las decisiones judiciales que considera lesivas para el tesoro público. Además, indicó que el término para interponer dicho recurso no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual la UGPP asumió la sucesión procesal y la defensa judicial de Cajanal. Descargar aquí la providencia 11001-03-15-000-2017-00911-01(AC)