interposición legítima recurso de apelación no configura maniobra dilatoria

La honorable Corte Suprema de Justicia mediante su Sala de Casación Penal decide revocar la decisión adoptada por el magistrado de la Sala Penal del Distrito Judicial de Santa Rosa, en el cual negó el Habeas Corpus para la Corte Suprema la interposición legítima del recurso de apelación no configura una maniobra dilatoria. LOS HECHOS La defensa impetro acción constitucional de hábeas corpus para que se restablezca la libertad de sus defendidos, habiéndose agotado los mecanismos ordinarios al interior del proceso y considerando que se incurrió en una vía de hecho por parte de los despachos judiciales que denegaron la libertad. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal, denegó la acción constitucional impetrada al considerar que en efecto la restricción de la libertad se ha prolongado más allá del término legal para dar inicio al juicio oral; sin embargo, ello ha obedecido a maniobras dilatorias de la defensa al solicitar el aplazamiento de la audiencia de acusación y a la presentación del recurso de apelación contra el auto que denegó la nulidad impetrada en la audiencia de formulación de acusación, que según los jueces de garantías «no cuenta con justificación suficiente». Para el tribunal, la demora en el proceso ha obedecido a situaciones atribuibles solo a los defensores y «a la emergencia sanitaria por la que atravesamos». Consideraciones de la corte Suprema de Justicia Establece la corte que cuando la solicitud de aplazamiento carece de justificación alterando el curso normal del proceso no puede atribuirse ese lapso de tiempo en perjuicio de la administración de Justicia si no exclusivamente corren a cargo de la defensa, por lo que accede a descontar 108 días al vencimiento del término. Por otro lado, la Honorable Corte Suprema de Justicia establece que no se puede tildar de maniobra dilatoria la interposición del recurso de apelación contra la decisión que denegó la nulidad en el curso de la audiencia de acusación, pues ello constituye el ejercicio de los derechos de las partes previstos en la ley, en la oportunidad y en los términos que corresponden para que sean decididos por los funcionarios competentes en el término previsto para ello, y en caso de su incumplimiento dicha conducta sería atribuible a la administración de justicia y no a las partes. Por último, es de resaltar que las medidas relacionadas con la actual situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 adoptadas por el Consejo de la Judicatura no tienen incidencia respecto a la afectación de la libertad, pues los Acuerdos relacionados con la suspensión de términos no eran aplicables a los asuntos penales donde existían personas privadas de libertad. Ver documento aquí }}}301(08-05-20){{{{