La Libertad: El Derecho Fundamental y sus Restricciones

La libertad, dicho derecho fundamental se define como: “Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos” Desde una perspectiva eminentemente jurídica, la libertad es el conjunto de derechos y facultades que, garantizados legalmente, permiten al individuo, como miembro del cuerpo social de un Estado, hacer o no hacer todo lo compatible con el ordenamiento jurídico respectivo. El fundamento constitucional del derecho a la libertad es el Artículo 13 de la Carta Política, que preceptúa que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades, sin hacer distinciones de raza, sexo, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El derecho a la libertad, en sentido más específico, está previsto en el artículo 28 de la Constitución Política, donde se dispone que toda persona es libre y, en consecuencia, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado. De la citada norma superior se extractan dos principios que orientan la restricción de la libertad: 1. El principio de reserva judicial: cuando la Constitución dice “… sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente”. 2. El principio de legalidad o de reserva legal, cuando establece “… con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”. La Corte Constitucional ha conceptuado que la libertad es: “... el derecho de todos a no ser privados de la libertad sino en la forma y en los casos previstos en la ley, de donde surge que la definición previa de los motivos que pueden dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio de legalidad, con arreglo al cual es el legislador, mediante la ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable…” (…) “Se deduce de lo expuesto que el constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; todo lo contrario, fluye del propio texto superior que en determinados casos en que tal limitación tenga lugar han de venir fijados por la ley, siendo claro, en consecuencia, que tratándose de la libertad personal la Constitución Política establece una estricta reserva legal...” “Sin embargo, esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no solo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona “se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y que quien sea sindicado tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas…” “Así pues, aun cuando el derecho a la libertad no es absoluto, es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo.”. Definida, como está, la libertad, no es entonces un derecho absoluto, por lo cual admite restricciones, como la detención preventiva, respecto de la cual se ha dicho que: “… consiste en la privación de la libertad ordenada antes de la existencia de la sentencia en firme, por el tribunal competente en contra del imputado, basada en el peligro de que se fugue para evitar la realización del juicio oral, o la ejecución de la eventual sentencia condenatoria, o en el peligro de que vaya a obstaculizar la averiguación de la verdad...”