La presunción de inocencia en el proceso penal GMH ABOGADOS

La presunción de inocencia Aunque esta presunción, consagrada en el artículo 29 de la CP, desde una perspectiva sustancial, impone un límite al legislador en la configuración de los tipos penales, en este punto importa destacar sus implicaciones procesales. Desde esta óptica, la presunción de inocencia plantea una referencia a tres espacios completamente delineados: El primero de ellos hace alusión a la carga de la prueba; el segundo a los límites para la imputación de conductas punibles a personas no juzgadas; y el tercero al tratamiento de personas privadas de la libertad. En el primer sentido, la presunción de inocencia plantea que toda persona se reputa inocente hasta tanto su responsabilidad penal no se declare en una sentencia condenatoria ejecutoriada. Ello implica que la carga de la prueba le asiste al Estado; es decir, es este el que debe desvirtuar esa presunción y demostrar tal responsabilidad por medio de las pruebas permitidas por el ordenamiento jurídico. Estas pruebas deben ser susceptibles de demostrar tal responsabilidad más allá de toda duda razonable, pues caso contrario, la duda se resuelve a favor del imputado. En este punto, se impone destacar que este sentido de la presunción de inocencia conduce a que en algunos modelos se proscriban las pruebas de oficio, dado el compromiso de la imparcialidad del juzgador que se advierte como ínsito en ellas. La presunción de inocencia implica que las personas, no obstante su calidad de imputadas o acusadas, deben ser tratadas como inocentes. En este caso, la presunción de inocencia no interfiere con la carga de la prueba, sino que se extiende al tratamiento que se les debe dar a quienes son destinatarios de la acción penal. Estas personas no solo se presumen inocentes, sino que, además, deben ser tratadas como tales. Este ámbito de la presunción es muy relevante cuando se trata de investigados en procesos con difusión en los medios de comunicación, pues en esos casos es frecuente que tales personas sean presentadas, directa o indirectamente, como culpables sin haber sido oídas y vencidas en juicio. Y en el tercer sentido, la presunción de inocencia irradia su efecto sobre la situación en la cual se encuentran las personas privadas de la libertad por términos prolongados, sin que se defina su situación mediante una sentencia en firme o providencia de efectos equivalentes. Esta dimensión también es comprensible, pues si la presunción de inocencia rige, la detención preventiva debe reputarse como una medida excepcional. Por ello, resulta constitucionalmente exigible que la detención no se prolongue en forma indefinida, al punto de que su duración equivalga al tiempo probable de la pena privativa de la libertad que llegaré a imponerse. De esas distintas dimensiones, se infiere que son violatorias de la presunción de inocencia, prácticas como las capturas masivas, la exposición ante los medios de comunicación de personas a quienes se presentan como autoras o partícipes de conductas punibles, sin que contra ellas exista una acusación ni mucho menos, una condena, la imputación de responsabilidad penal sin haber demostrado la culpabilidad del acusado o acusada, sobre todo cuando para ese fin se ha hecho una aplicación indebida de la prueba indiciaria, debido a la cual se da por probado lo que debe demostrarse; así como la prolongación de la privación de la libertad por tiempo prolongado. TIENDA VIRTUAL