LA RESPONSABILIDAD Y RELACIÓN CON EL DAÑO Y PERJUICIOS

LA RESPONSABILIDAD Y SU RELACIÓN CON EL DAÑO Y LOS PERJUICIOS Principales elementos de la responsabilidad Respecto de la responsabilidad, el Consejo de Estado se ha pronunciado a propósito de la discusión sobre el deber del Estado de responder patrimonialmente por el daño ocasionado, bien por el ejercicio de funciones, como por acción u omisión: Responsabilidad civil extracontractual: tiene como una de las razones principales que haya una culpa, la Corte ha “insistido en que la responsabilidad civil extracontractual prevista en el Código Civil viene impregnada de las tesis subjetivas que entronizan la culpa como criterio fundamental de la responsabilidad”. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia (2000) plantea que deben estar presentes otros dos factores que se encuentran íntimamente constituidos y que tienen que converger para que pueda existir validez en la respectiva reclamación que se esté desarrollando: por tratarse de una acción de responsabilidad civil extracontractual, su prosperidad demanda la convergencia de los tres elementos que la configuran, a saber: daño, culpa y relación causal entre uno y otra. Obligaciones de medio y obligaciones de resultado Otro de los elementos que tiene que estar presente es saber comprender las diferencias respecto de las obligaciones de medio. Para Rozo (1999), estas son las que el deudor se responsabiliza de actuar bajo la debida prudencia y diligencia, siempre y cuando se encuentre obligado legalmente. En contraposición, las obligaciones de resultado tienen su base en el contrato, en el cual el deudor debe comprometerse a una acción específica: La diferencia entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado es una diferencia entre dos distintos objetos de la prestación. Precisamente, en las primeras la prestación debida prescinde de un particular resultado positivo de la actividad que le corresponde. Al contrario, en las segundas lo que es debido es el resultado, y para cumplir exactamente la obligación el deudor debe realizar dicho resultado. Si el resultado no se realiza, la obligación se considera incumplida, aunque el deudor se haya comportado diligentemente (Rozo, 1999, p. 139). Caracterización del daño La Corte Suprema de Justicia subraya que el daño es ante todo un perjuicio o menoscabo que sufre la víctima, el cual puede ser de carácter patrimonial (afectación) o personal. Esto significa que el daño tiene como una de sus exigencias que se deba y pueda probar por la víctima. Asimismo, esta Corte advierte de la existencia de una nexo causal entre el hecho culposo y el daño causado, luego si no lo hay o se logra probar que no existe tal nexo, el juez está en condiciones de negar las pretensiones solicitadas como consecuencia de una responsabilidad civil, bien sea de carácter contractual o extracontractual. No obstante, debe destacarse que cuando se está frente a una responsabilidad de medios es dable que pueda determinarse una responsabilidad de resultados, lo que se puede dar v. gr. en los casos de las empresas de seguridad privada, en los cuales una responsabilidad de medios, cuidar un conjunto de apartamentos, se transforma en una responsabilidad de resultados cuando dicha empresa no acata los protocolos definidos previamente y en consecuencia, a ese fallo se genera una responsabilidad que no puede catalogarse de medios. Es importante subrayar que quien cause un daño a otro, de inmediato contrae un deber, en contraposición a la víctima que obtiene un derecho. En el primero, en el causante del daño, surge el deber de indemnizar o reparar a la víctima, luego se hace deudor, en tanto que el otro se hace acreedor, tal como se determina en las obligaciones. Ahora, esta indemnización, en el marco de las obligaciones, se denomina prestación, de ahí que se diga que la responsabilidad es ante todo una obligación de indemnizar, cuya causa se encuentra en el perjuicio a otra persona. Asimismo, la prestación y la obligación en el marco de la responsabilidad es la indemnización. El concepto técnico de daño o lesión, a efecto de la responsabilidad civil, requiere, pues, un perjuicio patrimonialmente evaluable, ausencia de causas de justificación (civiles), no en su comisión, sino en su producción respecto del titular del patrimonio contemplado, y, finalmente, posibilidad de imputación del mismo a tercera persona. Según se ha visto, la condición necesaria para que desencadene la reparación es que el daño sea antijurídico, calificación que se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo (García & Fernández, 1993, p. 63). Señalan enseguida estos autores que se debe precisar sobre las diferencias entre perjuicio justo e injusto, el cual depende “de la existencia o no de causas de justificación (civil) en la acción personal del sujeto a quien se impute el perjuicio. La causa de justificación ha de ser expresa y concreta y consistirá siempre en un título que legitime el perjuicio contemplado: por ejemplo, la exacción de un impuesto, el cumplimiento de un contrato, una ejecución administrativa o procesal. Fuera de esta hipótesis, todo perjuicio o detrimento patrimonial imputable a un sujeto será una lesión, un perjuicio injusto” (García & Fernández, 1993, p. 63). Imputabilidad y causalidad del daño La imputabilidad hace referencia a un “fenómeno jurídico consistente en la atribución a un sujeto determinado del deber de reparar el daño, con base en la relación existente entre aquel y este” (García & Fernández, 1993, p. 83). De igual forma, la causalidad ha sido definida por la doctrina como causalidad material o física, la cual corresponde al fenómeno de efecto físico en el que se plantea que ante un antecedente se genera un resultado. No es lo mismo con la imputación, que es ya la atribución jurídica de un daño, el cual ha sido causado por una persona, de ahí que se dé una imputación. Conclusiones Podemos concluir que la mejor interpretación que se le puede brindar a un estudioso del derecho de daños o de responsabilidad civil sobre la distinción entre el daño y el perjuicio está en que el daño, en sí mismo considerado, es la lesión al bien jurídico tutelado, mientras que el perjuicio es la afectación de ese bien jurídico tutelado en la realidad, el cual se caracteriza por ser cuantificable ya sea en su valor material o en su valor inmaterial, medido por medio de la intensidad del daño sufrido. Un ejemplo de lo anterior, sería la vida. La vida es un bien jurídicamente tutelado, pero si la vida, se pierde (daño) como consecuencia de un accidente de tránsito, entonces hablamos del perjuicio que se causó por la pérdida de esa vida. El daño es la vulneración al bien jurídico tutelado, y el perjuicio será la afectación que causó la perdida de la vida, ya sea a sus herederos o deudores, según el caso. El mismo Consejo de Estado en documento ordenado mediante acta N.o 23, del 25 de septiembre de 2013, la cual recopila la línea jurisprudencial y establece los criterios unificados para la reparación de los perjuicios inmateriales, documento final aprobado mediante acta del 28 de agosto de 2014, fijó unas tablas o baremos para cuantificar los daños, entiéndase: perjuicios inmateriales, haciendo una relación entre los grados de parentesco de consanguinidad y de afinidad, así como la intensidad del perjuicio que va de un porcentaje superior o igual al 1 %, hasta un equivalente superior o igual al 50 %, para calcular el monto indemnizable, el cual asciende hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No debe perderse de vista que la indemnización del daño debe obedecer al principio de valoración de daños, contemplado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, el cual menciona que: “Dentro de cualquier proceso que surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”. Como tampoco el hecho que se puede hacer gala del bloque de constitucionalidad, en virtud del cual se puede aplicar por ejemplo un fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso análogo dentro del territorio, para pretender una indemnización por concepto de indemnización de perjuicios. Así las cosas, el jurista que pretenda la indemnización del daño, cuenta con varios caminos que le permitirán lograr su cometido en las pretensiones que formule. Por otro lado, y en relación con la responsabilidad civil extracontractual, debemos mencionar que el elemento subjetivo, es decir, la culpa, se está quedando rezagada en atención al mismo daño. Poco importa si se actuó con culpa o sin ella, lo que importa es que se indemnice el perjuicio causado, a menos que exista una causa extraña, como eximente de responsabilidad y, en consecuencia, de resarcir por el daño causado. Diferente circunstancia, si hablamos de la responsabilidad civil contractual, la cual por expresa disposición legal, contenida en el artículo 1604 del Código Civil, se presume la culpa del deudor, y será este quien deba demostrar que actuó con diligencia y cuidado para lograr un eximente de responsabilidad, ya que de lo contrario, será obligado a pagar las indemnizaciones a que hubiere lugar, según el tipo de obligación incumplida. Finalmente, es importante recordar siempre —como lo mencionaba reiteradamente Hernán Fabio López Blanco en sus intervenciones académicas: “El que alega, prueba; y el que prueba, gana”— demostrar los elementos que estructuran la responsabilidad civil: el factor de atribución, el nexo causal y el daño es tan importante como demostrar que el daño es cierto, personal y directo. El éxito de las pretensiones en un proceso de responsabilidad civil, en el cual se solicita el reconocimiento de daños y la indemnización de perjuicios, se encuentra en las pruebas que se aporten al proceso, y la acuciosa fundamentación de hermenéutica jurídica que permita traer a colación las últimas tendencias en derecho de daños.