La libertad de conciencia es un derecho fundamental consagrado en el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia. Este derecho implica que nadie puede ser molestado, perseguido u obligado a actuar en contra de sus convicciones personales, éticas o filosóficas.

Una de sus expresiones más relevantes es la objeción de conciencia, entendida como la negativa a cumplir una obligación legal o deber social por razones éticas, religiosas o filosóficas. La Corte Constitucional ha reconocido su carácter fundamental, aunque sujeto a condiciones estrictas para su ejercicio.

Según la jurisprudencia constitucional, la objeción de conciencia será protegida cuando cumpla con los siguientes requisitos:

• Estar fundada en creencias profundas, fijas y sinceras, contrarias al deber exigido.
• Manifestarse de forma oportuna, clara y expresa, indicando los motivos que la sustentan.
• Ser compatible con los valores constitucionales y no vulnerar la dignidad humana, el orden público ni los derechos ajenos.
• Ser razonable y proporcional, sin generar una carga excesiva para la sociedad o el Estado.
• El objetor debe aceptar las consecuencias jurídicas y sociales derivadas de su decisión.

Uno de los casos más representativos en Colombia ha sido la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. La Corte ha reiterado que este derecho debe estar reglamentado por una ley que establezca mecanismos efectivos para su reconocimiento y aplicación, respetando tanto los derechos del objetor como los intereses del Estado.