LLAMAMIENTO DE OFICIO

LLAMAMIENTO DE OFICIO. Art. 72 Esta intervención procede por la iniciativa del juez (de allí su denominación) el CGP establece que no habrá suspensión del proceso, toda vez que siendo un tercero que a pesar de ser citado por el juez, puede que comparezca o no al proceso como se verá más adelante. Si el juez intuye un fraude o colusión, por iniciativa propia ejerciendo sus poderes inquisitivos, ordenará citar a la persona que considere pueda resultar afectada con la sentencia que dicte, lo cual dispondrá en cualquier etapa del proceso, a fin de que el tercero a quien convoca ejerza sus derechos, pudiendo oportunamente solicitar pruebas que permitan impedir la sentencia que buscan las partes, si en realidad es cierta la sospecha del juez. Características. - Su intervención puede ser forzada y a la vez voluntaria. Podría admitirse que es forzada debido a que el juez por medio de auto oficiosamente cita al tercero que considera pueda afectarse por el fraude o colusión con que actúan las partes. Pero igualmente es voluntaria en cuanto a que a pesar de estar citado, puede o no comparecer, y no obstante la citación que le fue hecha la sentencia no le impone condenas en el proceso. - Oportunidad para ser llamado. El tercero a quien cita el juez puede ser llamado en cualquier momento mientras no se haya dictado sentencia que le ponga fin al proceso. Significa lo anterior que si el proceso es de única instancia, el juez del conocimiento lo podrá citar antes de que dicte su sentencia, y si el proceso es de doble instancia, puede citarse antes de la sentencia de primera instancia (caso en que lo cita el a quo) o la de segunda instancia (caso en que lo cita el ad quem). Es por ello que el artículo 72 del Código General del Proceso empieza diciendo: “Llamamiento de oficio. En cualquiera de las instancias, siempre que el juez advierta colusión, fraude o cualquier otra situación similar en el proceso, ordenará la citación de las personas que pueda resultar perjudicadas, para que hagan valer sus derechos.” - No nutre el objeto de litigio. No puede enriquecer la relación jurídico-procesal, por cuanto no lleva pretensiones ni excepciones, circunstancia que le da tratamiento de tercero, y mal podría en segunda instancia, cuando allí es citado, alegar una excepción de mérito, si al fin y al cabo existe ya sentencia del a quo. Aunque no pueda nutrir el objeto litigioso, ello no obsta para que haga peticiones tendientes a hacer valer sus derechos como claramente lo dispone la norma, de lo contrario su convocatoria sería inocua, sin sentido alguno. - Puede solicitar pruebas. Preceptúa el inciso final del artículo 72 del Código General del Proceso: “El citado podrá solicitar pruebas si interviene antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento”. Implica lo anterior, que si la audiencia del artículo 373 del CGP ya se ha promovido, el llamado de oficio puede presentarse en ella, pero no podrá solicitar pruebas, aunque sí ejercerá actuaciones en defensa de sus derechos. Ello no es óbice para que el juez no obstante la extemporaneidad para solicitar pruebas, las decrete de oficio, puesto que este deber del juez subsiste mientras no haya dictado sentencia, incluso para el de la segunda instancia. - No puede disponer del derecho en litigio. Como la pretensión y las excepciones le pertenecen a las partes, mal puede el tercero que interviene por haber sido llamado de oficio, conciliar, transigir, desistir, y en general ejercer actos de disposición. - La sentencia que se profiera no lo vincula. Las decisiones adoptadas en la sentencia que dicta el juez no se extienden para el llamado, por ello sus efectos no lo vinculan. EJEMPLO: GUSTAVO contrajo matrimonio con LUCILA, y en vigencia la sociedad conyugal, aquel le compra a FELIPE un inmueble. Más adelante, FELIPE presenta una demanda en contra de GUSTAVO para que se declare la simulación de la venta referida. El juez civil que conoce el proceso, lo está adelantando y en el curso del mismo advierte que puede verse afectada LUCILA si acoge la pretensión, toda vez que no encuentra clara la simulación alegada. (recordemos que al haberse adquirido el inmueble a título oneroso estando vigente la sociedad conyugal, el bien es social y no propio de Gustavo, de allí que Lucila puede resultar perjudicada). Citada Lucila queda enterada del proceso, y ella libremente decide si interviene o no lo hace. Entre tanto, el proceso continúa su trámite, pero si Lucila se presenta antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento, podrá solicitar las pruebas pertinentes, dirigidas a evitar el decreto de la simulación, pues está en condiciones de comprobar que la compraventa del inmueble fue real, y ejercerá en adelante los actos procesales para proteger sus derechos.