MEDIDAS CAUTELARES PROCESOS DECLARATIVOS

Medidas cautelares en procesos declarativos El Código General del Proceso hace extensiva las medidas cautelares a todos los procesos declarativos y dispone las reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de dichas medidas (art. 590). Los requisitos procesales para la solicitud son dos: uno, que se pueden solicitar con la presentación de la demanda; y el otro, que sea promovido por el demandante. Las medidas cautelares que el juez puede decretar en los procesos declarativos son tres: a) Inscripción de la demanda sobre bienes sometidos a registro, y sobre bienes no sometidos a registro, el secuestro, siempre y cuando la demanda verse sobre derechos de dominio o un derecho real principal, o sobre una universalidad de bienes. b) Inscripción de la demanda sobre bienes sometidos a registro que sean de propiedad del demandado, siempre y cuando la demanda verse sobre el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Si el juez profiere sentencia de primera instancia favorable al demandante, éste puede solicitar que se ordene el embargo y secuestro de los bienes afectados con la medida, sin perjuicio de que en la sentencia el juez ordene su registro y las medidas consecuentes. c) Cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para: 1. La protección del derecho objeto del litigio. 2. Impedir la infracción de un derecho. 3. Evitar las consecuencias que se puedan ocasionar con la infracción. 4. Prevenir daños. 5. Cesar los daños que se hubieren causado, o 6. Asegurar la efectividad de la pretensión. El literal C se constituye indudablemente en una verdadera innovación, puesto que materializa la posibilidad de aplicar las denominadas medidas cautelares innominadas, atípicas o genéricas en Colombia. Las providencias cautelares representan una conciliación entre las dos exigencias, frecuentemente opuestas de la justicia: la de la celeridad y la de la ponderación; en otras palabras, entre hacer las cosas pronto pero mal, y hacerlas bien pero tarde. De manera reiterada la Corte Constitucional, haciendo alusión a las medidas cautelares ha determinado que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, basada en los artículos 13, 228 y 229 de la Constitución Política. El Código General del Proceso adopto un sistema mixto para regular las medidas cautelares, esto es, las típicas, ya existentes y tradicionales, y las atípicas o innominadas, dispuestas en el literal c) del artículo 590. Se acude, para poder decretar medidas cautelares innominadas, atípicas o genéricas, a los poderes consagrados por el mencionado Código para nuestros jueces civiles, a través de los actos procesales de instrucción u ordenación, para lo cual verificarán: – La legitimación o interés para actuar de las partes. – La existencia de la amenaza. – La vulneración del derecho. – La apariencia de buen derecho. – La necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida. – La mayor conveniencia: no necesariamente la que la parte le solicite, puede decretar una menos gravosa e inclusive diferente. – Establecer el alcance y determinar su duración, y – Disponer para modificarla, sustituirla o que cese la medida cautelar. Para que las medidas cautelares se puedan decretar en los procesos declarativos, el demandante debe prestar una caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de las pretensiones estimadas en la demanda, esto con el fin de responder por las costas y los posibles perjuicios derivados de su práctica. Con todo, el juez puede, de oficio o a petición de parte, fijar un monto superior, aumentarlo o disminuirlo, al momento de decretar la medida. La inscripción de la demanda de oficio, es decir con carácter obligatorio, en los procesos de pertenencia, deslinde y amojonamiento, servidumbres, expropiaciones y división de bienes comunes se mantiene; lo nuevo que dispone el Código General del Proceso (art. 592) es que el juez ordenará por oficio antes de la notificación del auto admisorio de la demanda al demandado, la inscripción de la demanda.3 El artículo 593 se ocupa de las reglas para efectuar los “embargos”, donde se destaca la posibilidad de embargar la posesión de bienes muebles e inmuebles, poniendo fin a la incertidumbre de si se podía o no embargar la posesión. Por regla general, el registrador de instrumentos públicos debe abstenerse de inscribir un embargo cuando advierta que el bien no pertenece al demandado; no obstante, debe proceder a inscribirlo si el embargo ha sido ordenado con fundamento en una garantía real dentro de un proceso ejecutivo, toda vez que con la hipoteca se persigue como tal es el bien y no a la persona. La regla de exigir la constitución de certificados de depósito con el dinero embargado o con el producto de los bienes embargados, conserva el poder adquisitivo de dichos dineros. También como mecanismo de defensa, el Código General del Proceso reconoce personería al demandado para interponer el recurso de apelación en contra del auto que decreta la medida cautelar, institución avalada por la Corte Constitucional en sentencia C-925 de noviembre 18 de 1999